El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos demandó a Texas tras expirar este lunes el plazo para que Abbott revirtiera la orden de mantener la barrera, que, además, supone un peligro no solo para la vida de las personas, sino para la navegación.
«Alegamos que Texas ha incumplido la ley federal al instalar una barrera en el río Grande sin obtener la autorización federal necesaria», dijo la fiscal general adjunta Vanita Gupta en un comunicado.
«Esta barrera flotante supone una amenaza para la navegación y la seguridad pública y plantea problemas humanitarios», subrayó Gupta al añadir que el obstáculo ha provocado protestas y «corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos».
Este otro muro, de unos mil pies de boyas de entre cuatro y seis pies de diámetro, es la última escalada de Texas en su política antiimigrante.
Aunque el DOJ dio un ultimátum, Abbott escribió en Twitter que seguiría “desplegando todas las estrategias posibles para proteger a los tejanos y a los estadounidenses».
Así que «nos veremos en los tribunales, señor Presidente», agregó con cierto tono desafiante.
Las boyas fluviales han sido objeto reciente de escrutinio nacional después de que un policía estatal de Texas planteara preocupaciones internas acerca de que desvían a los migrantes, incluidos los niños, a partes del río Grande donde tienen más probabilidades de ahogarse.
La queja planteó otras inquietudes referentes a la iniciativa fronteriza más amplia de Texas, conocida como Operación Estrella Solitaria, porque se dice que los agentes de la frontera empujaban a las familias de vuelta al río.
En una carta a Abbott, y al fiscal general interino del estado, dos abogados del DOJ dejaron claro la semana pasada que esos obstáculos autorizados por el gobernador a principios de este mes violan la ley federal.
«La construcción ilegal es una violación prima facie de la Ley de Ríos y Puertos. Esta barrera flotante supone un riesgo para la navegación, así como para la seguridad pública y plantea problemas humanitarios», subrayaron los fiscales Todd Kim (general adjunto) y Jaime Esparza (federal del Distrito Oeste de Texas).
Una vez que los migrantes se encuentran en el lado estadounidense de la línea divisoria -que, en Texas, cae en medio del río Grande-, la ley federal exige a la Patrulla Fronteriza que los procesen y decidan si deben ser deportados, transferidos a otra agencia, detenidos o puestos en libertad.
En los últimos dos años, Abbott fue uno de los principales críticos del presidente demócrata Joe Biden respecto al manejo de la oleada migratoria en la frontera entre Estados Unidos y México, donde la Patrulla Fronteriza registró un máximo histórico de detenciones en 2022.
Como parte de su campaña para repudiar lo que tachó de políticas fronterizas laxas de la administración Biden, envió en autobús a miles de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.
Al propio tiempo, ordenó la detención de migrantes adultos acusados de allanamiento de morada y desplegó a miembros de la Guardia Nacional de Texas para colocar alambrada a lo largo de las orillas del río Grande.
La portavoz del DOJ, Xochitl Hinojosa, informó recientemente que están evaluando los reportes, que incluyen denuncias de negación de agua a los indocumentados, así como acusaciones de que los han empujado de nuevo a las aguas del peligroso río.
Pero Abbott afirmó que nunca dio órdenes o instrucciones en el marco de la Operación Estrella Solitaria que comprometiera la vida de quienes intentan cruzar irregularmente la frontera.
Según CBS News, las entradas ilegales por el sur descendieron en junio al nivel más bajo desde el inicio del gobierno de Biden en enero de 2021.
Lo que contradice los augurios de que el fin de una disposición de la era de la pandemia de la Covid-19, conocida como Título 42, y que fue adoptada por Donald Trump durante su mandato (2017-2021), impulsaría un aumento masivo de la migración ilegal hacia Estados Unidos.
lam/dfm
