En el centro de la cuestión están las declaraciones del jefe de la Dirección General de la Policía, Frédéric Veaux, quien se pronunció abiertamente contra la detención preventiva del agente, y las emitidas ayer desde Nueva Caledonia por el presidente Emmanuel Macron con su intento de buscar una postura de equilibrio.
El uniformado fue detenido en el contexto de una investigación por la actuación de las fuerzas del orden a principios de julio en la sureña ciudad de Marsella, donde al igual que en el resto del país se produjeron violentos disturbios por la muerte del adolescente Nahel a finales de junio, baleado por un policía en un control vehicular en Nanterre, Región Parisina.
Veaux dijo el domingo al diario Le Parisien que no podía dormir desde que supo del arresto del agente y afirmó que “un policía no tiene cabida en la prisión, aun cuando haya podido cometer faltas o errores graves en el contexto de su trabajo”, criterios que desataron críticas y denuncias de ataque a la separación de poderes.
Para atizar la polémica, el prefecto de París, Laurent Nuñez, respaldó esos propósitos.
La víspera, Macron aseguró a la televisión que comprendía la emoción de los uniformados, cientos de ellos fuera de servicio en señal de protesta, pero advirtió que nadie en un Estado de Derecho está por encima de la ley.
De acuerdo con el primer secretario del Partido Socialista, Olivier Faure, el mandatario asumió una postura chocante, ya que su deber es llamar al orden y demostrar autoridad ante los dos funcionarios que transgreden las normas.
Frente al desafío a la República y a las reglas constitucionales, correspondería al presidente una decisión simple, la tomada por François Mitterrand en 1983, licenciando a quienes lanzan amenazas de sedición, expuso en la cadena France Inter.
También el dirigente de La Francia Insumisa Manuel Bompard instó al jefe de Estado a suspender al jefe de la Dirección General de la Policía.
La víspera, el Consejo Superior de la Magistratura emitió un comunicado, que aquí califican de contundente, en el cual la institución recordó a Veaux el principio de la separación de poderes y lo que significa.
Eso implica que solo la autoridad judicial cuenta con legitimidad para decidir la aplicación o no de la detención preventiva, y que debe actuar sin presiones y bajo el apego a la imparcialidad, subrayó.
En medio de la crisis, aumenta la expectativa por la decisión que se tomará el 3 de agosto, fecha pactada para revisar el pedido de libertad del policía arrestado.
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