Ante la ausencia de un parlamento, como consecuencia de la aplicación de la muerte cruzada, la CC es la encargada de definir si los decretos leyes emitidos por el mandatario son urgentes, de carácter económico, legales y si no contravienen la carta magna.
De las cuatro normativas presentadas, solamente una, la reforma tributaria, recibió la luz verde de los magistrados, y las otras tres fueron rechazadas, entre otros motivos, por no ser consideradas urgentes.
El organismo judicial impidió la entrada en vigor de una normativa para la creación de zonas francas, de otra que beneficiaba a empresas en quiebra y también frenó una sobre reestructuración de créditos estudiantiles, considerada por sectores sociales un “paquetazo” de Lasso.
Según los jueces, esas disposiciones no son urgentes y pueden esperar a que tome posesión la nueva Asamblea, que será electa en los comicios del 20 de agosto y deberá tomar posesión en septiembre.
En uno de sus dictámenes, la CC señala que constituye un riesgo para la democracia aprobar las propuestas de Lasso porque en un futuro los gobernantes, en un contexto de parlamento disuelto, podrían recurrir a gobernar abusivamente por fuera del Estado de Derecho.
A su vez, la Corte instó al Gobierno a renegociar varios artículos del acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica porque, según la entidad, varios puntos son inconstitucionales al ceder jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional.
A eso se suma que este martes los jueces suspendieron temporalmente la implementación del decreto ejecutivo 754 que, de acuerdo con las organizaciones indígenas, vulnera los derechos de las comunidades a la consulta previa para realizar extracción minera.
El jefe de la cartera de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Daniel Legarda, comentó las observaciones del ente judicial al acuerdo comercial con Costa Rica.
Ese tipo de documentos “no deben ser interpretados bajo lupa ideológica, sino técnica, legal y sobre todo del beneficio que implica su aplicación para el crecimiento del comercio, exportaciones, inversiones y empleo”, indicó Legarda.
El ministro de Gobierno, Henry Cucualón, también criticó la actuación de la Corte, aunque consideró que esas decisiones no son por cuestiones partidistas.
Declaró que sí hay un desenfoque en la realidad, tanto jurídica, como del momento actual del país, donde todo lo económico es urgente.
En resumen, la CC parece ser un nuevo dolor de cabeza para Lasso, que pensó gobernar a sus anchas los pocos meses que le quedan en el poder sin la fiscalización parlamentaria, opinan algunos analistas y ciudadanos.
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