En enero militares salvadoreños arrestaron a cinco dirigentes de la localidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, acusados del secuestro y asesinato de una persona durante el conflicto armado hace 34 años. Desde entonces estas personas vieron postergada durante meses las audiencias para ventilar sus casos.
El lunes el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque concedió seis meses más de período de instrucción para que la Fiscalía pueda recabar pruebas contra Fidel Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas, Teodoro Antonio Pachecho, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas y Alejandro Laínez García.
Eso significa que los líderes ambientalistas deberán permanecer detenidos al menos hasta el 2 de febrero de 2024, pese a que su abogado defensor pidió en reiterados ocasiones que se les conceda medidas alternas debido a sus delicados estados de salud.
Dicha prórroga es innecesaria, porque hasta ahora la Fiscalía no presentó pruebas reales contra los reos y difícilmente las tendrá alargando injustificadamente el proceso, indicó la defensa, que, además, opinó que la postergación de la fecha preliminar es cruel porque «prolonga el sufrimiento de los activistas ambientales capturados”.
Algunas fuentes estiman que el caso está dirigido a desmembrar uno de los movimientos más relevantes del país, que en el pasado fue capaz de plantarle cara a un poderoso consorcio canadiense y fue vital para que el Congreso, en 2017, prohibiera todo tipo de minería metálica.
Hoy, opinan expertos, cuando la presidencia muestra interés por explorar inversiones de la industria extractiva de oro, el fiscal intenta revivir un oscuro asesinato cometido durante la guerra civil para descabezar a los ambientalistas.
mem/lb
