Parlamentarios oficialistas indicaron que la medida es necesaria porque aun quedan pandilleros en el país como evidenció el cerco militar al departamento de Cabañas donde ya fueron apresados más de 56 terroristas a los que se le ocuparon armas como fusiles AK-47, AR-15 y M-16, granadas y otras logísticas bélicas.
La medida fue aprobada a solicitud del Gabinete de Seguridad y parlamentarios de Nuevas Ideas manifestaron que será prorrogada las veces que sea necesaria hasta terminar con los delincuentes.
Marlenis Funes, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) acusó al gobierno de hacer del régimen de excepción el centro de su campaña presidencial y detener a cientos de personas inocentes.
La medida suspende tres garantías constitucionales las cuales son: el derecho a la defensa, el tiempo máximo de detención sin audiencia y la privacidad de las telecomunicaciones.
Según la última actualización que brindaron las autoridades de seguridad, bajo la normativa ya llevan más de 71 mil 479 personas capturadas, aunque voceros oficiales señalan que aun andan en libertad entre un 20 y un 30 por ciento de esos elementos.
Mientras tanto, prosiguen las críticas de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil.
Al respecto, la jefa anticorrupción de Cristosal, Ruth Eleonora López, aseguró que el régimen también perpetúa la impunidad al condenar a víctimas inocentes y garantizar menos tiempo de cárcel a pandilleros.
López aseguró que las medidas extraordinarias de seguridad implementadas por el gobierno salvadoreño «no son necesarias» para garantizar la detención, procesamiento y condena de personas que cometan delitos.
Aseveró que estas medidas se usan “para mantener encarceladas a personas inocentes, en el marco del régimen de excepción”.
La nueva extensión fue aprobada por 67 votos a favor, seis en contra, seis abstenciones y cinco ausentes y entrará en vigor el 15 de agosto.
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