El cambio dejó sin efecto esa exigencia, prevista inicialmente en la medida que Lasso firmó en la madrugada de este jueves tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
La disposición fue interpretada por actores políticos como un obstáculo para la campaña electoral, a menos de dos semanas de los comicios extraordinarios.
Villavicencio era uno de los ocho presidenciables inscritos para los sufragios extraordinarios del 20 de agosto y varios de los aspirantes anunciaron la suspensión de sus campañas.
El nuevo decreto ejecutivo, que estará vigente por 60 días en todo el territorio nacional, no incluye toque de queda.
Lo que implica el estado de excepción es la movilización en todo el territorio de las Fuerzas Armadas, para apoyar a la Policía en acciones contra la inseguridad.
Igualmente, los uniformados quedan autorizados a utilizar la fuerza de forma legítima y excepcional en contextos de control de orden público, protección interna y seguridad ciudadana.
También los agentes podrán realizar inspecciones y requisas en viviendas en busca de armas, explosivos y drogas, a la vez que queda suspendido el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia.
Esas disposiciones han sido adoptadas en ocasiones anteriores, pero el número de hechos violentos continúa al alza.
Ecuador cerró 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25 por cada 100 mil habitantes, una cifra que el Gobierno atribuye al crimen organizado y al narcotráfico, que ha ganado fuerza en provincias de la costa principalmente.
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