El crimen motivó un mensaje de solidaridad del Gobierno, gran despliegue de los medios de comunicación y comentarios periodísticos y ciudadanos sobre la posibilidad de que el crimen organizado incursione en los predios de la política peruana para garantizar su impunidad.
«El Gobierno del Perú condena enérgicamente el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y expresa su más firme rechazo a todo acto de violencia e intimidación que afecte el desarrollo de la democracia en la región», señaló el mensaje de la Cancillería.
El tema es prioritario en los espacios de noticias internacionales de la radio y la televisión, donde los comentarios señalan que Perú debe tomar medidas preventivas para que la delincuencia organizada y sobre todo el narcotráfico no logre llegar a los extremos que vive Ecuador.
Mientras algún comentarista televisivo intentó forzar la hipótesis de que el expresidente Rafael Correa pudiera estar involucrado en el asesinato, la mayoría de los medios comparten la hipótesis reinante en Ecuador, de que el atentado fue obra de la gran delincuencia común.
Dos analistas internacionales, por su parte, coincidieron en expresar extrañeza por el hecho de que el atacante herido durante la operación criminal no fue trasladado a un hospital para curarlo y poder interrogarlo, sino a un centro de detención y murió por las heridas recibidas.
“Primero asesinan a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador y luego muere en la sede de la policía el supuesto responsable del asesinato. Todo muy extraño”, comentó el analista Óscar Vidarte.
El veterano especialista Juan Velit expresó similar razonamiento y agregó que lo sucedido con el agresor indica que entre los autores habría alguna autoridad de los servicios de seguridad de Ecuador.
Velit advirtió que Perú está también en peligro por la penetración de la delincuencia organizada en la política.
Desde hace una década, el especialista en el tema del narcotráfico Jaime Antezana denuncia que el narcotráfico financia campañas electorales y en 2018 afirmó que en el Parlamento había 21 congresistas cuyas campañas contaron con fondos proveídos de la ilícita actividad.
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