El titular de esa organización del sector docente, Miguel Marecos, pidió al inminente gobernante declaraciones “que den tranquilidad” respecto a la posible aprobación por el Gobierno de un proyecto de ley contra el tratado refrendado el miércoles por los diputados y remitido al Senado, publicó ABC TV.
La autoridad sindical recordó las preocupaciones del Ministerio de Educación y Ciencias por las afectaciones que causará en programas educacionales como el del almuerzo escolar la ausencia de fondos hasta ahora garantizados por el acuerdo con la UE.
Muchos niños van a estudiar sobre todo por los alimentos, por lo que sus familias requieren de una seguridad del Ejecutivo respecto a si dispondrá de provisiones desde septiembre sin contar con los fondos aportados hasta ahora por la UE.
La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), por su parte, rechazó este jueves la decisión de los diputados favorable a derogar el convenio con el bloque del Viejo Continente.
El Poder Legislativo viola los derechos del sector educacional, consideró la institución mediante un comunicado sobre el sufragio la víspera de media sanción en la Cámara Baja que ratifica la eliminación de la cooperación del bloque.
La CDIA, creada en 1993, ratificó su postura contraria a la votación de los diputados y llamó al Ejecutivo a “que prime la cordura” y vete la derogación del convenio con la UE, dirigido a financiar programas de la transformación educativa que aplica hace años el país.
El voto favorable de los diputados al proyecto de ley contra el tratado europeo y su ratificación por el Senado y el Gobierno pondría en riesgo la permanencia de miles de estudiantes en el sistema educativo nacional de la nación, argumenta la entidad defensora de la niñez.
“Las autoridades nacionales –asegura la declaración- deben mostrar señales claras de la existencia de una real seguridad jurídica en el país, y garantizar los derechos humanos para todas las personas”.
El comunicado de la CDIA advierte, además, que “obstaculizar el acceso a fondos de cooperación internacional para el desarrollo, y más a grupos de población en situación de vulnerabilidad, constituyen una violación a los derechos humanos”.
La Cámara de Diputados votó por la derogación del convenio, al debatir este miércoles, por segunda vez, la propuesta de proyecto de ley para derogar el acuerdo con la UE.
El documento, aprobado antes por esa instancia y devuelto a ella tras rechazarlo el Senado, propone derogar la Ley 6659/20 que avala esa cooperación financiera del bloque europeo, impugnada hace tiempo por sectores sociales defensores de la soberanía nacional.
El Estado paraguayo recibe mediante el acuerdo con la UE 38 millones de euros no reembolsables, de los cuales ya fueron invertidos cinco millones, cifra que, junto a la comprometida para 2023, suman unos ocho millones de euros.
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