Jackson debió dimitir después de que partidos de derecha y ultraderecha lo acusaran, sin pruebas, de estar vinculado al Caso Convenios sobre el manejo irregular de fondos públicos y al robo de computadoras en su ministerio y lo amenazaran nuevamente con un juicio político.
Esos sectores habían condicionado su participación en el análisis de asuntos medulares para la sociedad chilena, como las reformas al sistema de pensiones y el pacto fiscal, a la salida del funcionario de su puesto.
“La oposición se propone alterar el funcionamiento del Estado, donde la potestad para definir el gabinete la tiene el Presidente, sin embargo, pasaron por encima de eso con una campaña de mentiras, injurias y calumnias”, advirtió el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona.
De acuerdo con la presidenta del Frente Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, el objetivo de esta operación es paralizar el ejercicio de la administración del Estado.
“La derecha está haciendo un juego muy peligroso, está tratando de cogobernar en un momento donde están dominando el Consejo Constitucional. Además tienen una estrategia de mantener asolado al Gobierno”, dijo a la prensa Torrealba.
El senador Juan Ignacio Latorre consideró irracional y sin fundamentos el asedio contra el ahora exministro.
En opinión de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Carmen Hertz, contra Jackson se desató una campaña infame de odio, injurias y ensañamiento feroz.
Hertz se preguntó si la derecha inventará ahora nuevas excusas para seguir bloqueando la reforma de pensiones y el pacto fiscal.
Tras valorar el gesto del exministro de hacerse al costado, el diputado Tomas Hirsch dijo esperar que ahora la oposición deje de poner trabas a los cambios que el país necesita.
Desde España, el exlíder de Podemos Pablo Iglesias escribió en un tuit que lo ocurrido contra Jackson “se llama violencia mediática y en España la conocemos bien”.
Para el ministro chileno de Justicia, Luis Cordero, la salida del titular de Desarrollo Social intenta destrabar y genera un mejor ambiente para avanzar en acuerdos indispensables, pero añadió que el funcionario fue objeto de un conjunto de imputaciones impropias porque no hay hechos que lo comprometan.
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