Durante una rueda de prensa este viernes para dar a conocer los avances de las investigaciones y los operativos relacionados con el crimen, el ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que esta madrugada, detuvieron a tres presuntos autores materiales del asesinato de Intriago.
Según la investigación policial, estas tres personas estuvieron en la escena del crimen antes, durante y después del hecho.
Se trata de un hombre y una mujer ecuatorianos, así como un ciudadano de República Dominicana, dijo Zapata.
A estas personas -precisó- se suma otro sujeto, recluso de una prisión en Guayaquil, y que también ha sido vinculado al caso, ya que mantuvo comunicaciones con los recientemente arrestados a través de un teléfono celular desde la penitenciaría, argumentó.
Por su parte, el comandante General de Policía, Fausto Salinas explicó que se realizaron cinco allanamientos en las localidades de Jaramijó, Manta y Montecristi, en la provincia de Manabí, así como en Naranjal y Guayaquil, en Guayas.
En estos operativos se encontraron ocho chalecos antibalas, un fusil, dos granadas, 100 cartuchos de diferentes calibres, dos alimentadoras, una pistola, varios teléfonos celulares, radios de comunicación, tres tarjetas de memoria y cinco vehículos, detalló el oficial.
Salinas puntualizó que, en las próximas horas, en la ciudada de Manta se realizará la audiencia de formulación de cargos en contra de los involucrados y continuarán las investigaciones para buscar a los autores intelectuales del asesinato.
Intriago fue asesinado a tiros la tarde del 23 de julio mientras participaba en la entrega de obras en un barrio de esa urbe manabita.
La ola de violencia que afecta hoy a Ecuador tiene como blanco en los últimos meses a figuras políticas, tanto en funciones como en época de campaña.
Las últimas víctimas fueron el candidato a la Presidencia, Fernando Villavicencio y el director parroquial de la localidad de San Mateo, en la provincia de Esmeraldas, Pedro Briones.
Ecuador sufre una ola de inseguridad y violencia, con frecuentes masacres carcelarias y otros crímenes, que el Gobierno atribuye a grupos delictivos en disputa por el tráfico de drogas.
Los ataques a políticos y funcionarios públicos son cada vez más frecuentes, sobre todo en las provincias costeras, donde radican las principales bandas delictivas que operan aquí.
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