De acuerdo con el abogado de la familia, Luis Fernández, denuncian al Estado ecuatoriano por el delito de asesinato.
Hubo una omisión dolosa por parte de las autoridades y no cumplieron con su papel de garantes. No velaron por la vida de Villavicencio, pese a las amenazas en su contra, denunció Fernández.
El jurista y los familiares de la víctima responsabilizan a Lasso, al ministro del Interior Juan Zapata, al comandante General de la Policía Fausto Salinas, y al director del operativo de seguridad de Villavicencio.
Ante la denuncia, el ministro Zapata reiteró que ese es un derecho de la familia, que lo respetan. Y, sobre supuestas fallas en los procedimientos policiales, el funcionario explicó que está abierta una investigación de la Dirección de Asuntos Internos y mientras no se emita ese informe, no pueden pronunciarse.
El pasado 15 de agosto, el candidato a asambleísta del movimiento ecuatoriano Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), Edison Carrillo, también denunció al presidente Lasso por el delito de omisión dolosa en el asesinato de Villavicencio.
Carrillo enfatizó que este caso podría consolidarse como un crimen de Estado por la omisión dolosa o culposa de los funcionarios, entre ellos Lasso, y advirtió que podría presentar la denuncia ante las cortes internacionales.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI), de Estados Unidos, participan en la investigación que busca determinar los responsables intelectuales del homicidio, un suceso que conmocionó al país y expuso los niveles de inseguridad existentes.
El crimen contra Villavicencio ha sido catalogado como un complot político a pocos días de las elecciones presidenciales y legislativas, mientras crecen las dudas sobre las circunstancias en las que ocurrió, así como la posible participación de la policía y su equipo de seguridad.
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