El juez, quien pidió el anonimato, dijo al diario La Prensa Gráfica (LPG) que la Corte tiene la obligación constitucional de ejercer suprema vigilancia de las cárceles, lo cual al momento no está cumpliendo, en el caso del Cecot y otras prisiones.
En un informe titulado “Todavía no hay juzgado que vigile al Cecot”, LPG desgrana los elementos del trato a los reos y su atención por parte del sistema judicial salvadoreño.
Un audio de Corte Plena revela que ni los magistrados ni la Sala de lo Penal lograron delegar la vigilancia de la megacárcel a un juzgado específico durante sus primeros siete meses de funcionamiento.
La prisión que el gobierno construyó en la zona rural de Tecoluca, departamento de San Vicente, aún no cuenta con la asignación de un juzgado que vigile y ejecute las penas de los pandilleros que están recluidos allí.
El Gobierno divulgó a finales de febrero de 2023 el traslado de reos al Cecot y Las imágenes, publicadas a través de las redes sociales, mostraron a cientos de hombres tatuados, esposados con las manos atrás y vestidos solo con pantalonetas blancas que bajaban de autobuses, describió LPG.
Hasta el 9 de julio de 2023, señaló la publicación, el penal ya albergaba a más de 12 mil 500 reos trasladados desde diferentes centros del país, pero actualmente ninguna autoridad supervisa la pena o la detención de ellos.
La Ley Orgánica Judicial faculta a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la designación de los juzgados de vigilancia penitenciaria pero no por competencia de este Órgano, sino por medio de un decreto legislativo, o sea una ley aprobada por la Asamblea Legislativa, donde debe someterse a estudio y luego ser votada en el pleno.
“La falta de un juez competente implica que no habrá una autoridad judicial que controle los actos de la administración penitenciaria y deja en desprotección y desventaja a los internos”, opinó el juez Juan Antonio Durán.
Hasta la fecha, indicó LPG, no existe una propuesta de decreto legislativo con la designación del juzgado.
Durán, juez de Sentencia de Zacatecoluca, considera «grave» el hecho que ningún magistrado ejerza vigilancia y supervise las penas de estos reclusos.
«Esa es una situación grave porque los internos tienen derechos, tanto en la ejecución de la pena como en relación a la detención provisional», dijo.
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