El pronunciamiento tuvo lugar luego de que grupos ambientalistas cuestionaran las declaraciones del ministro de Energía y Minas Fernando Santos, quien el pasado miércoles declaró que la Constitución ecuatoriana señala que solamente los habitantes de la zona donde se encuentra el yacimiento pueden decidir sobre él.
El dilema, según el funcionario, es que si bien a nivel nacional la mayoría abogó por el cierre de los pozos petroleros en el Yasuní, la provincia amazónica de Orellana, donde está ubicado el llamado Bloque 43-ITT, dijo “No”.
Este Gobierno seguirá operando normalmente el bloque ITT hasta el día que se vaya, no haremos nuevas actividades, pero seguirá la producción, aseveró.
En este sentido, el Ejecutivo explicó que, según la Corte Constitucional, las medidas a implementar, en caso de un pronunciamiento positivo del electorado, se realizarán mediante un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción petrolera en un término no mayor de un año desde la notificación de los resultados oficiales.
Una vez que los resultados de la consulta popular sean oficializados y notificados por el organismo correspondiente, el Gobierno acatará esta decisión, refirió el documento.
Este jueves, el colectivo Yasunidos, grupo ecologista que impulsó la consulta popular llevada a cabo el pasado 20 de agosto junto a las elecciones generales aquí, recordó al Ejecutivo que, una vez se den a conocer los resultados oficiales del plebiscito, estos deben aplicarse inmediatamente.
El Parque Nacional Yasuní, ubicado en la Amazonía, es una de las zonas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta y allí se halla el bloque petrolero 43-ITT, que de ser suspendida su explotación el Estado dejaría de percibir 13 mil 800 millones de dólares en 20 años. En ese espacio de la selva amazónica, ubicado a unos 300 kilómetros al este de Quito, la contraposición de intereses ambientales y económicos ha sido muy pronunciada desde hace más de una década.
Los ambientalistas refieren que el Yasuní está compuesto por más de dos mil especies de árboles y arbustos, unas 204 especies de mamíferos, alrededor de 610 de aves, cerca de 121 de reptiles, más de 150 de anfibios y alrededor de 250 de peces.
En opinión del activista Agustín Grijalva, la posición del Estado es la de “confundir”, pues la “economía no colapsaría” si hay respaldo ciudadano a la propuesta de preservar una de las áreas con mayor diversidad por metro cuadrado del planeta.
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