En aquella fecha el mandatario comenzó a cortar la larga cola de la serpiente con el anuncio de expropiación de bienes y propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, del partido Alianza Republicana Nacionalista, lo cual llevó a sus críticos a sugerir que la campaña se enfocaría en afiliados de la oposición.
Sin embargo, el 9 de agosto de 2023 el entonces diputado de NI, Erick García, fue acusado del delito de falsedad ideología, desaforado y encarcelado en espera de juicio.
La historia de la corrupción política en El Salvador se remonta décadas atrás, y es un factor persistente que socavó la confianza en las instituciones gubernamentales, algo de lo cual, al parecer, ni el actual gobierno escapará si se investigan múltiples denuncias enfocadas hacia la Casa Presidencial y sus ministerios.
En una de las pesquisas que al parecer tendrá un desenlace este jueves, se hará pública la resolución del juicio civil de David Munguía Payés, exministro de la Defensa Nacional, acusado por el delito de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía General de la República (FGR), según fuentes del entorno, presentó suficientes pruebas para lograr que el exministro, su esposa y sus dos hijas sean declarados responsables de enriquecimiento ilícito y que devuelvan al Estado 498 mil 374 dólares
Pero ese es apena un caso, pues la víspera la FGR solicitó antejuicio y desafuero del diputado Alberto Romero, del Partido Arena, quien se resistió a los agentes de la Policía Nacional Civil que lo pusieron a disposición de la Asamblea para que sea desaforado y pueda responder por sus delitos ya carente de inmunidad.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, presentó ante la Asamblea Legislativa una solicitud de antejuicio y desafuero en contra de Romero, a quien acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
El alto magistrado dijo que en sus investigaciones la FGR determinó que el parlamentario tuvo ingresos sin justificar por un monto total de un millón 162 mil 388 dólares.
Este jueves la Asamblea debe abordar el caso de Romero y seguro que comenzará a laborar la comisión especial de antejuicio.
También hay otros casos en análisis como el de la exdiputada Lorena Peña y su hija, Ana Virginia Guardado, acusadas de enriquecimiento ilícito por parte de la FGR, algo que fue ventilado la víspera y se espera un pronunciamiento contra Peña pese a sus alegatos de inocencia y de persecución política.
En sus diferentes formas la corrupción entre los salvadoreños parece un mal endémico, incluso la comisionada presidencial, Carolina Recinos, fue culpada por el Tribunal de Ética Gubernamental por haber beneficiado a su nuera con una beca por el monto de 25 mil 200 dólares.
También está en marcha un juicio de Saqueo Público en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador que involucra al expresidente Antonio Saca, a familiares y a funcionarios de su gobierno.
La lista es larga y aún muchos ponen en duda que Bukele construya la cárcel que prometió para los corruptos y que lleve ante la justicia a otros políticos vinculados a su partido que también son señalados como corruptos.
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