El lanzamiento de procesos legales contra presuntos ladrones se convirtió en el último grito en la vida política en El Salvador, tras el envío a juicio de conocidas figuras del país por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Corte Suprema de Justicia.
La víspera, 12 de los 15 magistrados de Corte Plena determinaron que había inconsistencias en la declaración patrimonial de Parker, quien no pudo justificar dos millones 153 mil 954 dólares de su patrimonio.
El prófugo también está involucrado en los procesos aun pendientes por la masacre de sacerdotes y colaboradores en la Universidad Centroamericana en 1989 y se le acusa de ocultar información vital para proteger a los responsables de ese crimen.
En el periodo de 2009 al 2012, el militante de Arena fue el diputado que más incremento patrimonial tuvo, registrando un alza en bienes por cerca de un millón 152 mil 096 dólares.
Ayer la Comisión Especial de Antejuicio de la Asamblea Legislativa desarrolló su primera sesión para desaforar al diputado Alberto Romero, también del partido Arena.
El político es acusado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, aunque su defensa proclama su inocencia.
Si la comisión declara lugar a causa, el imputado será remitido a la Cámara Primera de Lo Penal, donde puede ser condenado a penas de tres a 10 años, si se prueba su delito.
Romero fue arrestado la tarde de este 23 de agosto por la Policía Nacional Civil, por supuesta “resistencia agresiva” y llevado a la Asamblea Legislativa, donde fue puesto a cargo del presidente del Legislativo.
La víspera, aunque no resultó en condena penitenciaria, fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito el exministro de Defensa David Munguía Payés, quien deberá devolver al Estado 498 mil 374 dólares.
Hay otros casos en análisis como el de la exdiputada Lorena Peña y su hija Ana Virginia Guardado, acusadas de enriquecimiento ilícito por parte de FGR, algo que fue ventilado ayer y se espera un pronunciamiento contra Peña, pese a sus alegatos de inocencia y de persecución política.
El 1 de junio, al cumplir cuatro años al frente del Gobierno, el presidente Nayib Bukele lanzó lo que dijo es una campaña contra la corrupción, mientras voceros gubernamentales reiteran que nadie escapará de la justicia.
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