En declaraciones que cita el diario Colatino, Peña, quien enfrenta un proceso judicial por presunto enriquecimiento ilícito, reiteró que todos sus bienes están debidamente documentados.
“Si al final me declaran culpable y pretenden que yo le dé dinero al Gobierno, realmente será como un despojo, porque yo no he sustraído ni aceptado ningún fondo ilegal de ningún organismo del gobierno, ni de ONG, ni de empresa alguna”, remarcó.
La Cámara Primero de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador instaló la audiencia contra Peña y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) las acusa por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de 277 mil 482.54 dólares.
Indicó Colatino que la demanda tiene como base un total de 15 supuestas irregularidades en sus declaraciones patrimoniales, y fue presentada por fiscales de la Unidad Especializada Delitos de Corrupción ante la Cámara.
Las supuestas violaciones de Peña son en su calidad de parlamentaria en los períodos comprendidos entre el 1 de mayo del 2012 al 30 de abril del 2015, y del 1 de mayo del 2015 al 30 de abril del 2018.
Mientras, las presuntas inconsistencias se reflejan en depósitos bancarios en efectivo, en la adquisición de dos inmuebles y el pago de tarjetas de créditos por un total de 140 mil 521 dólares con 57 centavos.
Por otra parte, la hija de Peña es demandada por ocho presuntas anomalías consistentes en pagos en depósitos bancarios en efectivo y en pago de tarjetas de crédito por un monto de 136 mil 960. 94 dólares
Si la Cámara admite las pruebas y las valora “adecuadamente”, “me va a declarar inocente, porque este es un juicio montado basado en falsas acusaciones”, manifestó la exlegisladora.
Para la expresidenta de la Asamblea Legislativa, este caso «es parte de la persecución política del régimen que utiliza las herramientas del sistema judicial para golpear a sus opositores” y sostuvo se considerase víctima del Gobierno ya que se le violan sus derechos y pretenden no solo “lincharme” mediáticamente; sino despojarla de los bienes de sus padres.
Puntualizó no haber administrado fondos públicos: “las supuestas irregularidades no implican ninguna sustracción a fondo de la hacienda pública. A pesar de que la Sección de Probidad pretendió montar un caso escandaloso, yo documenté debidamente todos los casos”.
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