Las recomendaciones están contenidas en el informe final de la denominada Comisión Jaraquemada convocada después del escándalo desatado por la entrega irregular de fondos públicos a fundaciones particulares, o el uso inadecuado del dinero por esas entidades.
En la ceremonia de entrega del documento, el gobernante recordó que la creación de ese equipo de trabajo nació, no sólo de una contingencia en particular, sino en la importancia de cuidar la relación entre la sociedad civil y el Estado.
Un elemento fundamental de esta comisión, agregó, es combatir la corrupción, pero sobre todo cuidar la democracia y las instituciones, pues cuando prevalecen intereses particulares, se erosiona la confianza.
El caso detonó cuando se supo que el secretario regional del ministerio de Vivienda en Antofagasta firmó un convenio con la fundación Democracia Viva para, supuestamente, resolver problemas habitacionales a personas hacinadas en campamentos precarios.
Sin embargo, el director de la organización era pareja en ese momento de la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Catalina Pérez, miembro del partido gubernamental Revolución Democrática, lo cual creaba un conflicto de intereses.
Por otra parte, Democracia Viva carece de experiencia y del personal calificado para ejecutar la tarea encargada.
A partir de allí se descubrieron irregularidades semejantes en diversas zonas del país.
De acuerdo con el presidente Boric, las preocupaciones por las cuales se instaló la Comisión Jaraquemada están bajo investigación y se va a sancionar de manera rigurosa a todos los responsables, independientemente del partido político al cual pertenezcan.
Entre las propuestas recibidas hoy por el Ejecutivo figura disminuir las sumas de dinero que pueden transferir los gobiernos regionales e imponer a las fundaciones el sistema de rendición de cuentas creado por la Contraloría General de la Nación.
De inmediato, dijo el mandatario, su administración creará las normas correspondientes para enviarlas al Congreso donde espera contar con el apoyo necesario.
No corresponde poner las manos al fuego por nadie, precisó, y allí donde se identifiquen hechos reñidos con la fe pública habrá investigaciones y los responsables serán identificados y sancionados.
No obstante, llamó a no generalizar ni estigmatizar a las organizaciones de la sociedad civil en general y recordó que en estos momentos están bajo la lupa de la justicia 53 fundaciones, de las más de 300 mil existentes en el país.
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