Esta última institución solicitó al CNJ fecha y hora para formular cargos, por presunta obstrucción a la justicia, contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y otros ocho funcionarios de esa institución.
De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, existen los suficientes elementos de convicción para que sean procesados por inmiscuirse aparentemente en dos casos, entre ellos el denominado Las Torres, por el cual está sentenciado en primera instancia el excontralor Pablo Celi.
Paralelamente, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República emitió un comunicado, donde señala que el Gobierno rechaza las “lamentables” e “ilegales” actuaciones del Consejo de la Judicatura, que lesionan gravemente la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
En respuesta a esos acontecimientos, Terán señaló que ninguna función del Estado o entidad puede interferir en otro poder del Estado. “No me alío con corruptos que tanto daño hacen al poder judicial», enfatizó.
Las pugnas tomaron vuelo en los últimos días, luego que Terán y el vocal de la Judicatura Xavier Muñoz destituyeron al magistrado de la CNJ Walter Macías.
La víspera, el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, le retiró su confianza a Terán y lo llamó a dar un paso al costado.
No obstante, seis jueces de la Sala Penal de la CNJ afirmaron en un documento que circula hoy en redes sociales que Saquicela habló a nombre de todos sin haberlos consultado.
El Consejo de la Judicatura es un órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial de Ecuador que no emite sentencias.
Recientemente, Terán demandó al presidente Guillermo Lasso y al ministro de Economía Pablo Arosemena por la falta de recursos para proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la Justicia, la infraestructura física y la modernización del sistema notarial.
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