En medio del estado de excepción que rige a nivel nacional, en la noche del miércoles y la madrugada de este jueves detonaron en Quito dos automóviles en dos puntos del centro norte de la capital.
De acuerdo con la Policía Nacional, el primer incidente transcurrió en las calles Robles y Amazonas, en el sector de La Mariscal, y el otro en la avenida 12 de Octubre, cerca de la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Los hechos ocurrieron mientras la atención de la ciudadanía y las autoridades locales estaba en un voraz incendio forestal que amenazaba viviendas del este de la urbe.
En un primer momento, la Policía descartó que fueran atentados, pero luego confirmó que efectivamente hubo intencionalidad en las explosiones de los vehículos, que hay seis sospechosos detenidos, e informaron que no hubo víctimas fatales ni heridos.
El secretario de Seguridad Pública y del Estado, Wagner Bravo, considera que las detonaciones estarían ligadas a las intervenciones que se realizan en las cárceles.
En una entrevista con la emisora local FM Mundo, Bravo señaló que con los dos coches bombas “quieren de una u otra forma amedrentar al Estado para evitar que siga cumpliendo con las funciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía en controlar los centros penitenciarios”.
El funcionario también indicó que esos hecho pudieran tener relación con el traslado a diferentes cárceles del país de los seis detenidos por estar involucrados en el asesinato el pasado 9 de agosto del candidato presidencial Fernando Villavicencio.
A su vez, agentes penitenciarios permanecen desde el miércoles secuestrados por reos en la cárcel del Turi, en la ciudad de Cuenca de la sureña provincia de Azuay, donde los reclusos se amotinaron y mantienen el control del recinto carcelario.
Aunque se desconocen los motivos, al mediodía de este jueves militares, policías y bomberos se movilizaron por un incendio -ya controlado- en una cárcel de menores en Quito luego de que los adolescentes internos prendieran fuego a colchones.
Los acontecimientos mencionados se registran mientras rige un estado de excepción, decretado por el presidente, Guillermo Lasso, en todo Ecuador, país que en 2022 vivió el año más violento de su historia con más cuatro mil 500 homicidios intencionales, y el 2023 se perfila aún peor.
Paralelamente, esta semana salió a la luz una nueva acusación contra el Gobierno de Lasso cuando el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, reveló que la Policía y la Fiscalía General del Estado (FGE) sabían desde abril pasado de un plan de atentado.
Según Boscán, quien salió del país con su familia por esas amenazas, los blancos eran él, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio y el coronel José Luis Erazo, quien tuvo a cargo la investigación llamada León de Troya, de los supuestos vínculos del Ejecutivo con el narcotráfico.
Familiares y abogados de Erazo y estos policías investigadores manifestaron en rueda de prensa ser perseguidos por parte del Gobierno nacional, con allanamientos a oficinas y viviendas.
Ante la falta de garantías para los uniformados, los abogados anunciaron la petición de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado les dé protección.
Sin embargo, tanto la Fiscalía General como el Comandante de la Policía, Fausto Salinas, señalaron que la información está descontextualizada, es imprecisa e inexacta y que el gobierno jamás «ha hostigado, perseguido o enjuiciado a comunicadores, políticos o ciudadanos en general».
Este es el escenario de Ecuador a las puertas de la segunda vuelta electoral del venidero 15 de octubre, cuando los ciudadanos irán a las urnas a elegir presidente entre la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional.
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