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Evacuados afganos en EEUU, dos años en limbo legal

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Washington, 31 ago (Prensa Latina) Hoy, dos años después de la retirada de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, decenas de miles de evacuados viven en un limbo legal, al fracasar iniciativas en el Congreso que permitirían regularizar su estatus.

“Francamente, los demócratas no han sido el problema. El único problema son los republicanos que están preocupados por la política”, dijo Shawn VanDiver, fundador de la coalición #AghanEvac.

Pero ese apoyo ha disminuido, a medida que la evacuación salió del radar noticioso y las investigaciones republicanas se centraron más en el desastre de la salida que en los esfuerzos por proporcionar un hogar permanente a quienes aterrizaron en suelo estadounidense.

Según datos oficiales, alrededor de 80 mil afganos residen actualmente en territorio nacional, un grupo que comenzó a llegar tras la salida de los últimos efectivos del Pentágono de Kabul, el 31 de agosto de 2021, luego que el movimiento talibán retomara días antes, el 15 de agosto, el control del gobierno en esa nación.

“Los afganos que vinieron específicamente (a Estados Unidos) están pasando apuros, en especial cuando muchas de sus visas de permiso humanitario están expirando”, advirtió Helal Massomi, quien asesora políticas afganas para el Servicio Luterano de Inmigración y Refugiados.

Han transcurrido dos años desde que están en estatus temporal y no hay camino para que soliciten el permanente, subrayó.

«Y creo que eso no es cumplir una promesa hecha a los aliados -enfatizó- durante 20 años de guerra».

“Hay casos tras casos en los que se les pide que confíen en el proceso», dijo Joseph Azam, presidente de la junta directiva de la Fundación Afgano-Estadounidense.

“Y no sorprende que muchos de ellos se pregunten si su estado permanente en Estados Unidos es en realidad impermanente”, sentenció.

Los legisladores de ambos partidos dan señales de encontrar un punto común para aprobar una legislación que pondría a los evacuados afganos en el camino hacia la ciudadanía.

Pero el Senado, donde se centra la discusión sobre la ayuda, parece dividido, luego que los legisladores ofrecieran dos medidas contrapuestas: una bipartidista y otra liderada por los republicanos.

Los defensores de la inmigración dicen que eso podría obstaculizar el progreso de ambos proyectos de ley y advierten que una propuesta de ley republicana, patrocinada por el senador Tom Cotton (Arkansas), podría retrasar, o incluso desviar apoyo, a la proposición de normativa legal bipartidista.

Patrocinado por la senadora Amy Klobuchar (D-Minnesota), el proyecto de ley bipartidista, conocido como Ley de Ajuste Afgano, fue reintroducido el 13 de julio por cinco republicanos y cinco demócratas.

La Cámara de Representantes tiene una medida equivalente presentada el mismo día por la congresista Mariannette Miller-Meeks, republicana por Iowa, y que cuenta con casi dos docenas de copatrocinadores de ambos lados.

Los proyectos de ley Klobuchar y Miller-Meeks, propuestos por primera vez el año pasado, permitirían a los evacuados afganos, muchos de los cuales viven en Estados Unidos bajo protecciones migratorias temporales, solicitar la residencia permanente si se someten a una investigación adicional.

También ampliaría la elegibilidad para visas especiales de inmigrantes para permitir que más afganos, que aún están en el extranjero y en riesgo, vengan a Estados Unidos.

El proyecto de ley cuenta con el respaldo de decenas de grupos de veteranos, organizaciones de defensa de inmigrantes y organizaciones religiosas sin fines de lucro.

Cotton y tres republicanos del Senado presentaron, también el pasado 13 de julio, otra versión de un proyecto de ley.

De manera similar, su iniciativa legislativa proporcionaría un camino hacia la residencia permanente para los evacuados examinados y, en lugar de ampliar el programa especial de visas de inmigrante, haría que los afganos en riesgo fueran elegibles para un cierto estatus de refugiado.

Pero, el proyecto de Cotton incluye disposiciones que limitarían los poderes de la administración Biden bajo una autoridad legal, conocida como libertad condicional (Parole).

npg/dfm

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