Un comunicado de la comunidad de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) demandó la ejecución de una decisión del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, la semana pasada, que autorizó la liberación de los encarcelados.
Hace una semana se realizó la audiencia de revisión de acciones en contra de los detenidos de Santa Marta, en la que decretaron medidas de detención domiciliar, revisión de su salud en el hospital Rosales y pagar una fianza de tres mil dólares cada uno, para quedar en libertad, reseñó el diario Colatino.
Los grupos de defensa precisan que los arrestados ya cumplieron con el pago de la multa y la revisión médica, por lo que ahora solo queda que los lleven a la casa, para continuar su arresto domiciliar.
El comunicado acentuó que luego de una semana de la decisión, la Dirección General de Centro Penales (DGPC) no cumplió la resolución judicial que ordena la excarcelación de los también defensores ambientales.
En el caso de la acusación de homicidio, las autoridades judiciales y fiscales no lograron encontrar el cadáver de María Inés Alvarenga, la persona que -según la Fiscalía- fue asesinada en 1989 por los hoy reos.
El diario Colatino subrayó que el delito de los detenidos “es que son defensores del medio ambiente y se destacan en la lucha contra la minería metálica que derivó en la aprobación de una ley que prohíbe en forma definitiva la explotación minera de metales, pero que el Gobierno piensa revertir.
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