Quito, Cuenca, Pasaje, Machala y Esmeraldas fueron las ciudades de esta nación andina donde tuvieron lugar los sucesos más violentos de los últimos siete días.
En medio del estado de excepción que rige a nivel nacional, en la noche del miércoles y la madrugada del jueves detonaron dos automóviles en la capital.
El primer incidente transcurrió en las calles Robles y Amazonas, en el sector de La Mariscal, y el otro en la avenida 12 de Octubre, cerca de la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).
Por el primero de los delitos hay seis detenidos y otros cuatro por el segundo crimen, y todos están siendo procesados por el delito de terrorismo.
Este jueves, en otras localidades como Cuenca, Pasaje y Machala, en el sur, también se registraron detonaciones en la vía pública.
Por otro lado, el viernes, la entidad encargada de las cárceles en Ecuador confirmó la liberación de 57 policías y guías penitenciarios retenidos en seis centros de privación de libertad del país.
Del total de liberados, 44 estaban como rehenes en la cárcel del Turi, en Cuenca, provincia de Azuay, donde la víspera las autoridades retomaron el control del centro penitenciario que desde el miércoles estaba en manos de los reclusos.
Otro de los incidentes carcelarios de la semana fue el incendio estructural en el Centro de Adolescentes Infractores Virgilio Guerrero, ubicado en la capital, sitio en el cual los internos prendieron fuego a colchones y provocaron el siniestro.
La prefectura de la provincia de Esmeraldas sufrió el pasado miércoles un nuevo atentado con explosivos en una de sus dependencias luego de que hace dos semanas detonaran tres bombas en la sede principal de la institución.
Esta reciente ola de disturbios comenzó luego que el presidente Guillermo Lasso informara que cerca de mil 800 policías y militares ingresaron a la cárcel de la provincia Cotopaxi para realizar un control de armas, municiones, explosivos y artículos prohibidos.
Según la tesis del Gobierno, las organizaciones criminales buscan amedrentar al Estado para evitar que siga cumpliendo con las funciones que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía de controlar los centros penitenciarios.
A eso se suma que la candidata a la presidencia, Luisa González, de la Revolución Ciudadana, denunció que recibió amenazas de muerte.
La escalada de la inseguridad en Ecuador cobró en 2022 la vida a más de cuatro mil 500 personas y el número de muertes violentas se perfila mayor en 2023 si la tendencia continúa como hasta ahora, estiman especialistas.
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