El Gobierno catalogó ambas disposiciones como de carácter económico urgente, pues luego de disolver el legislativo con el decreto de muerte cruzada el Ejecutivo solamente puede emitir ese tipo de medidas previa autorización del organismo constitucional.
A las puertas de recibir en el país las mayores amenazas provocadas por el fenómeno El Niño, Lasso propuso institucionalizar y normar la gestión de riesgos para ejecutar acciones de prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación de las emergencias y desastres.
Según un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia, el decreto-ley también sugiere crear herramientas como la declaratoria de estado de alerta y la declaratoria de desastre.
Además, pretende crear la figura del decomiso administrativo especial como medida cautelar para que bienes, maquinarias, equipos, insumos y vehículos incautados en operativos contra la minería ilegal se utilicen en la mitigación y respuesta a las emergencias.
Igualmente, el texto normativo busca agilizar las contrataciones del sector público en casos de desastres, de acuerdo con la nota oficial.
Por otro lado, el decreto-ley titulado Equilibrio, Organización y Transparencia de las Finanzas Públicas plantea reformas al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas para que el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos.
Para que esas medidas entren en vigor deberán contar con el aval de la Corte Constitucional, organismo que no tiene plazo para emitir un criterio y ya ha rechazado tres de las cuatro propuestas enviadas por Lasso en los últimos tres meses.
La entidad jurídica negó la implementación de decretos como el de la reestructuración de créditos educativos y otro para beneficiar a empresas en quiebra.
El organismo judicial consideró que esos temas no son urgentes y pueden ser tratados por la próxima Asamblea Nacional (Parlamento), la cual tomará posesión tras la proclamación de los resultados de la segunda vuelta electoral el 15 de octubre cuando se definirán una veintena de curules.
En su dictamen de rechazo de esas dos iniciativas, la Corte señaló que constituye un riesgo para la democracia aprobar todas las medidas propuestas por Lasso porque en un futuro los gobernantes, en un contexto de parlamento disuelto, podrían recurrir a gobernar abusivamente por fuera del Estado de Derecho.
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