Según un informe publicado por las Oficinas de la ONU para Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y para la Reducción del Riesgo de Desastres, del año 2000 a la fecha los desastres han afectado a más de 190 millones de personas en la zona.
La cifra supone que tres de cada diez de sus habitantes han afrontado un huracán, un terremoto, una sequía, un alud o la actividad de un volcán, entre otras de las calamidades más comunes en la región, que han sumado más de mil 500 en dos décadas.
De acuerdo con los expertos los huracanes de la actual temporada ciclónica han afectado ya algunas partes del Caribe, y el evento meteorológico conocido como El Niño podría tener un impacto asolador en comunidades vulnerables de Centro y Sudamérica.
El informe recuerda que no todas las amenazas o fenómenos naturales resultan en desastres y recalca que la exposición y la vulnerabilidad juegan un papel importante.
Los eventos climáticos y sísmicos extremos están ocurriendo en lugares donde la pobreza, la desigualdad, la inseguridad alimentaria, el desplazamiento y la violencia son parte de la vida diaria de millones de personas, dijo la jefa regional de OCHA para América Latina y el Caribe, Shelley Cheatham.
El documento identifica también como factores de riesgo destacables la densidad de población y el crecimiento urbano impredecible, así como el cambio climático, los desplazamientos y la migración, la degradación ambiental y la explotación de los recursos naturales.
Alerta que algunos desastres relacionados con el clima, como las sequías y las tormentas, son especialmente preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad.
Tales vulnerabilidades afectan la capacidad de preparación y respuesta, lo que puede hacer que eventos menos peligrosos sean igual de destructivos que los de gran magnitud y escala, plantean los expertos.
Afirman que si bien las amenazas de origen natural no siempre puedan prevenirse, es posible un futuro en el que no todas las amenazas se conviertan en desastres si implementan medidas adecuadas como las alertas tempranas.
Para ello, apuntan, se requieren inversiones públicas y privadas que ataquen los problemas de riesgo desde la raíz.
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