El presidente de la Fundación Comunicándonos, Óscar Pérez, que sigue de cerca el proceso y aboga por el fin de la impunidad, dijo que Francisco Antonio Morán y José Guillermo García, quienes fungían como director de la Policía de Hacienda y Ministro de la Defensa, cuando los asesinatos durante la guerra civil en El Salvador, seguirán en detención.
Sectores castrenses presionan para que los presuntos asesinos que enfrentan el proceso bajo detención en un hospital privado, por su condición de salud, sean enviados a detención domiciliaria.
El Juzgado de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, en Chalatenango, decidió que no era procedente la petición de la defensa de los militares de continuar en detención domiciliar.
«Se resuelve no ha lugar el cambio de medida cautelar de la detención provisional por otras menos graves para los procesados», escribió esa instancia.
Los acusados ocupaban sus cargos cuando fueron emboscados y asesinados los periodistas Koos Jacobus Andries Koster, Jan Cornelious Kuiper Joop, Hans Lodewijk Ter Laag y Johannes Jan Wilemsen, el 17 de marzo de 1982.
Los cargos para ambos imputados están basados en el Código Penal de 1973-1974, que estaba vigente cuando ocurrió la emboscada a las víctimas. Morán, que en ese tiempo era el director de la Policía de Hacienda, es acusado de ser el autor mediato del delito, y García, que en ese momento era el Ministro de Defensa, de comisión por omisión.
Los comunicadores eran parte de un equipo del canal IKON TV del Reino de los Países Bajos y fueron emboscados y asesinados por militares del Batallón Atonal de la Fuerza Armada (FAES) en el departamento de Chalatenango cuando se dirigían a una entrevista.
Junto a las victimas iban dos guías locales, uno de los cuales, conocido como Martín, sobrevivió a la emboscada para dar su testimonio sobre la masacre y los responsables de esta.
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