El canciller Rubén Ramírez entregó a varios legisladores un borrador del documento, modificado para su aprobación por el Congreso, al contrario de la versión original recibida a principio de mes con la intención de derogar la ley sobre el tratado con el bloque, añadió la fuente.
Parlamentarios y gobernantes que estudian hace meses la propuesta de eliminar el tratado por el que la UE entrega a Asunción 38 millones de dólares para financiar cambios educacionales dilatan hace tiempo el debate para suprimirlo, en previsión de los daños materiales contra el sector asociados a esa decisión.
La ausencia de fondos que implicaría la eliminación del convenio contemplada en el proyecto original dejaría sin alimentos para la merienda y materiales de estudio a decenas de miles de alumnos, explica ABC Color.
El nuevo documento, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, busca modificar la Ley 6659/2000, que respalda de forma institucional el convenio entre la UE y Paraguay para el Programa de Apoyo a la Educación, cuestionado por grupos y autoridades críticas de su presunta tendencia contra la soberanía.
Uno de los cambios principales introducidos en esa última versión –apunta el diario- señala que el convenio internacional, inicialmente denominado “Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay”, llevará ahora el nombre de “Apoyo al fortalecimiento del Sistema educativo en Paraguay”.
El nuevo proyecto alega que los recursos aportados por la UE son invertidos en acciones que potencian la política educacional sobre aprendizaje, escritura, comunicación, desarrollo del pensamiento lógico, matemático y científico y sustentan la alimentación y los kits escolares.
La propuesta del borrador actualizado garantiza que todas las cláusulas y anexos del convenio responderán a las disposiciones al respecto de la Constitución Nacional y a lo establecido en su artículo 48 sobre “la Igualdad de los derechos del hombre y la mujer”.
Los aportes de la UE al sector educacional son impugnados por sectores gubernamentales y legislativos y por gremios docentes, organizaciones y familiares de los educandos que consideran esas donaciones foráneas lesivas a la soberanía nacional y a la integridad física, psíquica y espiritual de los niños.
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