De acuerdo con los manifestantes, esa normativa esconde como objetivo la privatización de playas y bahías ecuatorianas a favor del sector camaronero.
«Lasso mentiroso» y “Lasso vendepatria” fueron algunas de las consignas contra el mandatario por su normativa, que para entrar en vigor necesita el aval de la Corte.
Geovanny López, miembro de la Asociación de Cangrejeros 6 de julio, de la provincia de Guayas, afirmó que si le otorgan escrituras de tierras a los camaroneros, seguirán devastando los manglares para hacer nuevas infraestructuras.
La Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador (Fenacopec) entregó este martes un «amicus curiae» a la Corte, es decir, un recurso legal para pedir a los magistrados que nieguen la implementación del decreto.
La audiencia pública para analizar la constitucionalidad de la medida está prevista para el 26 de septiembre de 2023.
Hasta el momento solamente dos de los decretos enviados por Lasso a la revisión de dicha Corte bajo el carácter de económico urgente han recibido el visto bueno: una reforma tributaria y la aplicación de un impuesto redimible a las botellas de plástico.
El organismo judicial negó anteriormente la implementación de decretos para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.
El gobernante también envió una normativa para modificar la gestión de las finanzas públicas, sobre la cual no se ha pronunciado aún la entidad de control constitucional.
Organizaciones sociales también rechazan esa iniciativa porque en su opinión atenta contra los presupuestos para salud, educación y seguridad social.
El organismo de control constitucional debe analizar cada una de las medidas del Gobierno luego de que Lasso disolviera el parlamento con la muerte cruzada en mayo pasado.
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