Las razones principales se relacionan, obviamente, con la política, muy en particular por la batalla de los partidos hacia el afianzamiento de sus plataformas. O, más claramente, en el anhelo de conquistar el Palacio de la Moncloa.
Sigue Sánchez instalado en la Moncloa como jefe del Ejecutivo en funciones y desde Nueva York, lanzó sus mensajes sin entrar en detalles: quiere perpetuarse en el poder, aspira a una encomienda de investidura y descarta la repetición de elecciones generales.
Mientras tanto, el conservador Partido Popular (PP), con su líder Alberto Núñez Feijóo, intenta por todos los medios ganar en fuerza y credibilidad, cuando los números no le dan para conseguir en las sesiones del 26 y 27 de septiembre la investidura presidencial.
En un pulseo mirando hacia la opinión pública, el PP convocó a un acto el domingo de repudio a una eventual amnistía a las independentistas de Cataluña y, en clave nacionalista, se unieron a las críticas a esta posibilidad los expresidentes José María Aznar y Felipe González.
Aznar es del PP y González del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ambos enfocados en descalificar a Sánchez, quien pudiera pactar con los partidos catalanes independentistas a cambio de sus votos en el parlamento.
Sánchez es el titular del PSOE y maneja una seria de variantes para tratar de repetir una administración progresista secundada por el movimiento Sumar, que integran 15 organizaciones de izquierda.
La acritud del debate se instaló ayer en la Cámara Baja, cuando el catalán, vasco y el gallego recibieron luz verde para utilizarse en el Congreso de los Diputados de España junto con el castellano.
Aunque de hecho en España esas tres lenguas son dominantes en sus respectivos territorios, los costos para implementar su uso en la Cámara Baja son elevados y las fuerzas de la derecha arremetieron contra la iniciativa.
Otro punto de discordia con el trasfondo especial de Cataluña y las organizaciones independentistas, a priori decisivos para una investidura presidencial que, al parecer, no podrá alcanzar Feijóo.
Si bien ya la propia presidenta del Congreso de Diputados, Francina Armengol, anticipaba tras su elección el pasado 17 de agosto que gestionaría incorporar al catalán, vasco o euskera y al gallego en el Hemiciclo, la derecha no ha dejado de oponerse.
La pasada semana en la Mesa del Congreso de mayoría progresista, acordó el empleo de esas lenguas junto con el idioma español, aunque este martes debería alcanzar el visto bueno definitivo para adaptar el reglamento, que hasta ahora solo permite el castellano.
El Congreso contará por primera vez con traducción simultánea, como ya sucede desde hace unos años en determinadas circunstancias en el Senado español.
Según trascendidos, Esquerra Republicana y Junts adelantaron que utilizarán el catalán en todas sus intervenciones, no así el Partido Nacionalista Vasco y el independentista EH Bildu, que alternarán el castellano con el euskera. Legisladores del grupo Sumar lo harán igualmente con el gallego.
Si bien Sánchez ha preferido soslayar el tema de una amnistía para los independentistas catalanes, el PP lo tomó como tema final de campaña hacia la investidura e intenta levantar un bloque que, en el fondo, busca desacreditar y de cierto modo arrinconar, al mandamás del PSOE.
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