El secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, declaró este viernes en entrevista al canal local Teleamazonas que faltan todavía algunos territorios por entregar cómo responderán a las afectaciones del evento y por eso han dispuesto personal para asesorarlos.
El funcionario explicó que con el cambio de alerta de amarilla a naranja decretado esta semana buscan demostrar la inminencia del impacto del fenómeno, por lo cual, a las tareas de prevención se suman aquellas dedicadas al enfrentamiento de las consecuencias.
Torres precisó que 65 millones de dólares están siendo invertidos en la Empresa Pública del Agua, entidad encargada del manejo de todos los proyectos hídricos de control de inundaciones en las provincias de Guayas y Manabí.
Con eso buscamos que cuando existan las precipitaciones la empresa pública tenga cómo hacer el desfogue de agua de las presas sin causar inundaciones por falta de mantenimiento adecuado de las infraestructuras, acotó.
Igualmente, anunció que desde mayo comenzaron a adquirir insumos de asistencia humanitaria para entregar a las provincias afectadas en caso de que la capacidad de respuesta de las prefecturas y municipios sean sobrepasadas.
La Secretaría de Gestión de Riesgos estima que 1,5 millones de personas de 17 provincias serán afectadas por las condiciones meteorológicas extremas, principalmente por inundaciones o deslaves.
De ocurrir el peor escenario previsto, los costos para Ecuador podrían ascender a cuatro mil millones de dólares y las provincias más afectadas podrían ser Galápagos, Los Ríos, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Santo Domingo y El Oro.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, durante su discurso en el debate general del 78 período de sesiones de la Asamblea General de la Naciones Unidas, señaló que su país pidió colaboración internacional con fondos financieros y créditos no reembolsables para afrontar la situación climatológica que se avecina.
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