Las prefecturas señalaron en un comunicado que con ese instrumento el Ejecutivo pretende desvincularse de sus responsabilidades ante desastres naturales y gestión de riesgos.
El Congope informó que presentó ante la Corte un recurso legal para solicitar la nulidad de esa propuesta de ley porque elimina el Plan Nacional de Riesgos y vulnera el sistema democrático del país.
Ese mismo decreto ley, que según el Ejecutivo servirá para mitigar los efectos del fenómeno El Niño, recibió también esta semana el rechazo de cangrejeros y pescadores, quienes critican la disposición porque esconde el objetivo de privatizar playas y bahías a favor del sector camaronero.
La audiencia pública para analizar la constitucionalidad de la medida está prevista para el 26 de septiembre venidero.
Hasta el momento solamente dos de los decretos enviados por Lasso a la revisión de la Corte bajo el carácter de económico urgente han recibido el visto bueno: una reforma tributaria y la aplicación de un impuesto redimible a las botellas de plástico.
El organismo judicial negó anteriormente la implementación de normativas para la reestructuración de créditos educativos, la creación de zonas francas, y beneficios para empresas en quiebra.
El gobernante también envió una disposición para modificar la gestión de las finanzas públicas, sobre la cual no se ha pronunciado aún la entidad de control constitucional.
Organizaciones sociales también rechazan esa iniciativa porque en su opinión atenta contra los presupuestos para salud, educación y seguridad social.
El organismo de control constitucional debe analizar cada una de las medidas del Gobierno luego de que Lasso disolviera el parlamento con la muerte cruzada en mayo pasado.
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