Las movilizaciones dentro del campus comprendieron marchas en las inmediaciones, también en pos de exigencias como la excelencia académica y las transferencias en compensación del llamado Arancel Cero, que establece la gratuidad de cursos de admisión y de grado en universidades públicas, agregó el diario Últimas Noticias.
Los propósitos de los manifestantes, que ya suman unos dos mil, incluyen el acceso a la investigación e innovación, internacionalización, recursos para los programas de becas y posgrados, vinculación social y fondos para la prestación de servicios a la sociedad.
La regularización de la nivelación salarial exigida por las protestas, que abarcan céntricas avenidas como Mariscal Estigarribia sin detener el tránsito, implica a docentes, investigadores y funcionarios, y responde a la Ley 7050/2023.
Las movilizaciones de la alta casa de estudios, convocadas por el Consejo Superior Universitario, constituyen una medida de fuerza para que las autoridades de esa entidad satisfagan esa histórica reivindicación, insistió el diario Última Hora.
Esa organización de la UNA convocó a todas las unidades académicas, institutos y centros del alto centro de estudios a manifestarse para exigir que el Gobierno cumpla en noviembre con esa demanda, añade un comunicado del ente académico.
Los manifestantes, movilizados desde la semana pasada, llaman, además, a mantenerse en alerta sobre la propuesta presupuestaria para el ejercicio fiscal 2024.
Las protestas de la semana pasada en la UNA comprendieron una marcha y un paro total para exigir la aplicación de la Ley 7050/2023, que establece el presupuesto de este año en la universidad, y la aplicación de otras reivindicaciones docentes.
El gobierno llegó el 27 de agosto a un acuerdo con los gremios de maestros mediante promesas de avanzar en lo que los demandantes califican de “deuda histórica”, cuyos líderes desactivaron entonces una movilización nacional con cese de clases, en contra del recién posesionado Gobierno del presidente Santiago Peña.
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