Con carteles y consignas, profesores, estudiantes y pensionados principalmente solicitaron a la institución judicial no dar el visto bueno a la normativa propuesta por el Ejecutivo, pues en su opinión atenta contra los presupuestos de salud, educación y seguridad social.
De acuerdo con Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, de implementarse la disposición no sólo habría recortes, sino que eliminaría la obligación del Estado de pagar el 40 por ciento de los recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Es inconcebible cómo un presidente que está agónico, de salida, da estos coletazos neoliberales que van a afectar a todos los ecuatorianos, estudiantes, profesores, personas enfermas, jubilados, es algo catastrófico, expresó Vargas.
El presidente de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales, Wilson Alvarez, recordó que el Gobierno debe 24 mil millones al IESS y con ese decreto pretende pasar por alto la deuda.
Por su parte, el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Nery Padilla, también denunció que el Gobierno pretende disminuir aún más los fondos para la enseñanza superior, así como el pago de tratamientos para quienes padecen enfermedades catastróficas.
Este martes, la Corte Constitucional realiza una audiencia pública donde escucha los argumentos tanto de representantes de la administración de Lasso como de la sociedad civil.
El parlamentario andino Virgilio Hernández fue uno de los que presentó recursos legales contra la aprobación de la medida porque vulnera los derechos de todos los ecuatorianos y va contra el espíritu constituyente que concibió el incremento de recursos para esas áreas.
Lasso firmó el texto el pasado 5 de septiembre con el objetivo de que “el manejo de las cuentas fiscales garantice el cumplimiento de los objetivos económicos”.
Si bien la Corte escuchó hoy los criterios, no tiene plazo para emitir un dictamen sobre la propuesta.
Esa institución que vela por el cumplimiento de la Carta Magna ha rechazado tres de las cuatro iniciativas enviadas a revisión por el jefe del Ejecutivo en los últimos tres meses, luego de disolver el legislativo con la aplicación de la muerte cruzada.
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