De acuerdo con estadísticas del Servicio Nacional de Migración (SNM), ese número de viajeros ilegales supera a los 248 mil identificados el año pasado y los 133 mil de 2021, y al finalizar el 2023 la perspectiva es que lleguen al millón de personas en movilidad humana, reflejo de la mayor crisis sin contención pese a recientes medidas como las deportaciones.
En un nuevo intento por frenar esos flujos las autoridades panameñas anunciaron encuentros con sus pares de la vecina Costa Rica, como la reunión el próximo sábado 7 de octubre en Darién entre el presidente de la República, Laurentino Cortizo; y su homólogo en San José, Rodrigo Chaves.
Ya el pasado 23 de septiembre, intercambiaron los ministros de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino y su par tico, Mario Zamora, luego de recorrer comunidades en Cañas Blancas, uno de los puntos fronterizos a los que llegan caminantes luego de atravesar la selva de Darién.
Según el SNM, como promedio, a diario cruzan la jungla más de dos mil personas, un territorio limítrofe con Colombia de 575 mil hectáreas, entre ellas un 25 por ciento de menores de edad.
Los informes reflejan que las nacionalidades que predominan son venezolanos, ecuatorianos y haitianos, pero también hay procedentes de Asia y África.
Ante este flagelo, en diversos foros Panamá insiste en la cooperación internacional y la responsabilidad compartida entre países emisores, de tránsito y de destino.
Al respecto el Gobierno señala que en sus gestiones para compilar datos biométricos y ofrecer servicios de alojamiento, alimentación y salud a los migrantes irregulares ha destinado más de 70 millones de dólares este año, lo que supera las capacidades locales.
El pasado 8 de septiembre, Panamá anunció acciones más severas como la contratación de vuelos chárter para ampliar las deportaciones de los ilegales con antecedentes penales, nuevas estructuras en las comunidades receptoras y mayores controles en aeropuertos, pero sin los resultados esperados.
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