Un registro sorpresivo en las oficinas del Comité Técnico de Árbitros (CTA), con el fin de evitar que se manipulen pruebas, fue efectuado este jueves por orden del magistrado titular del juzgazo de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
La medida se base, según el juez, en razón de los ‘extraordinarios intereses económicos en juego’ y con diligencias que adelanta también la Fiscalía Anticorrupción.
El escándalo bautizado como Barçagate en España, apunta a los pagos que hizo el club azulgrana durante 20 años al entonces vicepresidente de CTA, José María Enriquez Negreira.
Lo que es indiscutible y de momento nadie puede explicarlo, son los pagos millonarios (entre siete y 10 millones de euros) durante años a Negreira por servicios, algo que todos los demás clubes españoles califican, cuando menos, de sospechosos en cuanto al arbitraje.
Se conocen, además, los regalos ofrecidos por Negreira a los árbitros en su momento. La Fiscalía de Barcelona acusó al club de presunta corrupción, administración fraudulenta y falsificación de documentos.
En un momento en el cual parecían haberse calmado las cosas y el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, se retractó en su idea de sancionar al equipo catalán, el expediente volvió a recobrar protagonismo sin que se vislumbren escenarios posibles.
El caso sigue siendo comparado con lo ocurrido con la Juventus de Turín, que debió renunciar a ingresos y títulos por manejos que a todas luces favorecieron su racha triunfadora en el Calcio italiano.
Hasta ahora, están imputados junto con el FC Barcelona como persona jurídica, los expresidentes culés Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, Negreira y su hijo, y con señalamientos a los exdirectivos del plantel Óscar Grau y Albert Soler.
Los supuestos delitos son de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, administración desleal y falsedad documental.
Según el juez, como consta en su auto emitido ayer, es necesario acordar el secreto de las actuaciones ‘a fin de practicar ciertas diligencias de prueba’ planteadas por la Fiscalía.
En paralelo, se dictó un auto en el que imputa un delito de cohecho a los directivos del FC Barcelona investigados en el caso, así como al propio club como entidad jurídica.
La imputación del delito de cohecho, enfocado en sancionar sobornos para obtener favores de funcionarios públicos, se basa en sospechas de que el exvicepresidente de CTA y su hijo recibieron durante 18 años más de siete millones de euros del Barça, a cambio de procurar los ‘efectos arbitrales deseados’ por el club.
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