En el país andino, el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), estipula que el aborto no está penado cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida de la mujer embarazada, para evitar un peligro para la salud de la mujer embarazada, y si la gestación es consecuencia de una violación sexual.
En este sentido, los colectivos feministas alertaron que, desde la despenalización del aborto por violación, en abril de 2021, 32 mujeres han solicitado este procedimiento.
De acuerdo con la vocera del colectivo Trenzando Feminismos, Sinchi Gómez, 19 de esos abortos fueron solicitados por niñas menores de 14 años.
Sinchi agregó que las provincias amazónicas son las que registran la mayor cantidad de abortos, pues solo en Morona Santiago se realizaron 10 de estas intervenciones.
Son pocas mujeres las que acceden al aborto, tomando en cuenta que anualmente tres mil niñas menores de 14 años son víctimas de violencia sexual, advirtió la activista.
Por su parte, la presidenta de la Fundación Desafío, Virginia Gómez de la Torre, reconoció que las cifras recogidas por los colectivos feministas son un subregistro.
De igual manera, reclamó que el Ministerio de Salud no haya entregado información sobre el número de mujeres que han accedido a un aborto.
Una mujer víctima de violencia sexual no debe presentar una denuncia para acceder a esta intervención, dijo.
La activista anunció que las organizaciones de mujeres están a la espera de que la Corte Constitucional resuelva el pedido de despenalización del aborto en casos de malformaciones congénitas incompatibles con la vida del feto.
Esta tarde, colectivos feministas y organizaciones sociales se movilizarán en el Parque El Arbolito, en la capital ecuatoriana, para exigir la legalización del aborto en la nación sudamericana.
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