El de Menéndez, a quien le piden su renuncia al escaño alrededor de 30 colegas de bancada, es el más reciente escándalo que sacude al Capitolio.
Pese a las evidencias presentadas contra él y su esposa Nadine Menéndez que lo vinculan a una trama corrupta mediante la cual se embolsilló miles de dólares, lingotes de oro y carros de lujo, por solo citar algunos de sus “pecadillos”, el legislador de Nueva Jersey se mantiene firme en que es inocente y prometió no dimitir.
Otro que recibió exhortaciones a dejar el puesto este año fue el representante republicano George Santos de Nueva York, acusado formalmente de 13 cargos federales en mayo por acusaciones de engaño a donantes y tergiversación de sus finanzas ante el público y agencias gubernamentales.
Santos se declaró no culpable de siete cargos de fraude electrónico, tres de lavado de dinero, uno de robo de fondos públicos y dos por hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes.
El diario The Washington Post calificó el alcance de las mentiras de Santos de “impresionante”, mientras otra publicación lo tildó de “fabulista en serie y, en el peor, un estafador y estafador criminal”.
Pese a todo, Santos sobrevivió a una votación sobre su expulsión, pero la Cámara Baja lo mandó directo al Comité de Ética, que ya lo investigaba.
El también republicano, pero de Nebraska, Jeff Fortenberry, colega de Santos en el hemiciclo, fue imputado formalmente de tres cargos en octubre de 2021 y condenado en marzo de 2022 por ocultar información y hacer declaraciones falsas a las autoridades federales.
Las “mentiritas” a las autoridades fueron acerca de las contribuciones ilegales realizadas por un ciudadano extranjero a su campaña de reelección de 2016, reveló el Departamento de Justicia (DOJ).
El presidente de la Cámara de Representes, Kevin McCarthy, que entonces era líder del Partido Republicano en el órgano legislativo pidió su renuncia y Fortenberry accedió.
El excongresista se salvó de ir a prisión; sin embargo, fue sentenciado a dos años de libertad condicional.
Para el igualmente representante Chris Collins, de Nueva York, la cosa se puso fea cuando lo arrestaron por uso de información privilegiada en agosto de 2018 y resultó acusado de conspiración, fraude y declaraciones falsas al FBI.
Collins renunció al Congreso el 30 de septiembre de 2019, un día antes de declararse culpable de conspiración para cometer fraude de valores y mentir a agentes federales encargados de hacer cumplir la ley, y lo sentenciaron en 2020 a más de dos años de prisión, de acuerdo con un recuento del diario The Hill.
Comenzó a cumplir su pena en la cárcel y poco después el entonces presidente Trump le concedió el indulto total, recordó el periódico.
En el propio 2018, el representante Duncan Hunter -otro republicano- fue
acusado de manera oficial junto con su esposa, Margaret E. Hunter, de “convertir más de 250 mil dólares en fondos de campaña para pagar gastos personales y presentar registros financieros de campaña falsos ante la Comisión Federal Electoral”.
El político de California se declaró culpable de un cargo en diciembre de 2019, antes de dimitir del Congreso en enero de 2020 y ese mismo año lo sentenciaron a 11 meses de cárcel y Trump lo perdonó.
En julio de 2016 la representante demócrata Corrine Brown, de Florida, fue imputada de fraude en un caso relacionado con una organización benéfica educativa.
El mes siguiente, perdió su candidatura a la reelección en las primarias y en 2017 la declararon culpable y la condenaron a cinco años de cárcel.
Por su parte, sobre Chaka Fattah, representantes demócrata de Pensilvania, recayó una acusación en 2015 en un caso que alegaba que participó en una conspiración de extorsión que, según el DOJ, involucraba “varios planes destinados a promover sus intereses políticos y financieros mediante la apropiación indebida de fondos federales, caritativos y de campaña, entre otras cosas”.
La condena para Fattah en junio de 2016 fue por cargos de extorsión, soborno, fraude electrónico y lavado de dinero. En el ciclo electoral perdió sus primarias y luego renunció a su butaca. Lo sentenciaron entonces a 10 años de prisión en diciembre de ese año.
En el mismo 2017 un juicio contra el senador Menéndez terminó nulo ante la imposibilidad del jurado de llegar a una conclusión en una investigación por conducta corrupta.
Un año después, en 2018, el Departamento de Justicia desestimó las acusaciones y el político de origen cubano sobrevivió e incluso ganó su reelección.
Ahora su puesto está en juego en las elecciones de 2024 y aunque Nueva Jersey no ha elegido a un republicano para el Senado desde 1972, sus problemas legales podrían plantear problemas al partido.
Los demócratas buscarán el próximo año retener el control del Senado, donde dominan por estrecha ventaja.
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