El congresista latino, de 35 años, que pretende ser reelegido en 2024 cuenta ahora sobre sí con 23 cargos criminales y deberá comparecer ante un tribunal el próximo día 27.
“Lucharé contra esto para demostrar mi inocencia”, dijo un desafiante Santos a los periodistas en el Capitolio un día después de las nuevas acusaciones de fiscales de Nueva York.
El representante por Nueva York insistió en que “sí, prácticamente niego hasta el último de los cargos”.
Sin embargo, Santos pretende restar importancia a esta última serie de cargos penales y afirmó que no tiene planes de renuncia a pesar de la presión para que lo haga.
El congresista dijo este miércoles que no aceptará un acuerdo de culpabilidad, pues “la pregunta número uno que todos me hacen es: ¿van a aceptar un acuerdo con la fiscalía?”.
Según añadió, la razón para no pactar es porque “estoy firmemente convencido de que puedo probar mi inocencia”.
La acusación sustitutiva presentada la víspera contra Santos lo imputa de robar las identidades y la información financiera de los contribuyentes a su campaña y cargar sus tarjetas de crédito varias veces sin autorización.
También se alega que participó en un esquema que implicó informar falsamente a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que al menos 10 miembros de su familia hicieron contribuciones significativas a su campaña, aunque eso fue falso.
Los fiscales argumentaron que el plan lo llevó a cabo con intención de calificar para un programa del “comité nacional del partido” que brindaría apoyo financiero y logístico a su candidatura al Congreso.
Las imputaciones trascendieron cinco días después de que la extesorera de campaña, Nancy Marks, llegara a un acuerdo con los fiscales y se declarara culpable de conspirar con el entonces candidato como parte del mencionado plan.
El salpicado congresista aseguró que un caso como el suyo “tan sonado” era de esperarse que fuese políticamente conveniente y “no estoy tratando de decir que es una persecución política, pero sí diré que tiene beneficios políticos”.
En mayo Santos fue imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de trece cargos de los que también se declaró inocente.
El representante, de Central Islip, fue elegido en los comicios de noviembre de 2022 por el condado neoyorquino de Suffolk (Long Island).
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