Mediante un comunicado, la cartera apuntó que las directrices presupuestarias para el cuarto trimestre no afectan el normal funcionamiento de otros poderes del Estado.
Este jueves, 10 partidos y movimientos políticos, de diversas tendencias ideológicas, acusaron al Ejecutivo de boicotear el inicio de los trabajos del parlamento electo en los más recientes comicios.
El texto está firmado por las organizaciones Actuemos, Avanza, Construye, Gente Buena, Partido Social Cristiano, Partido Sociedad Patriótica, Reto, Revolución Ciudadana, Suma y Centro Democrático.
Ellos señalan que las medidas para disminuir el gasto público, dictadas por el ministro Pablo Arosemena, irrespetan de manera flagrante el mandato ciudadano con el fin de boicotear la transición inmediata y prolongar innecesariamente su mandato.
Asimismo, rechazaron la política económica del Ejecutivo, la cual el presidente Guillermo Lasso califica de exitosa, pero el práctica, según plantearon, existe una caída en ingresos, alto riesgo país y una crisis fiscal innegable.
En su defensa, el Ministerio alegó que el Gobierno incrementó el gasto corriente en correspondencia con las exigencias de la Constitución de elevarlo anualmente un 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto para salud y educación, rubros que representan alrededor de mil 200 millones de dólares adicionales.
La asambleísta Pierina Correa, de la Revolución Ciudadana y la legisladora más votada del país, se refirió la víspera a la falta de fondos y señaló que esta es una situación especial porque tras la muerte cruzada deben empezar de cero, para lo cual necesitan 5,5 millones de dólares para las contrataciones del personal administrativo y asesoría.
Ante esos comentarios, el Ministerio de Gobierno también aseguró que «garantiza una transición ordenada y responsable y la asignación de recursos para el normal funcionamiento e instalación de la Asamblea».
Está previsto que el legislativo se instale el 20 de noviembre y luego posesione al presidente electo, Daniel Noboa, unos 10 días después, aunque eso depende de los recursos de impugnación presentados ante el Consejo Nacional Electoral.
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