En un comunicado, el ente multilateral expresó profunda preocupación por el impacto de las hostilidades sobre estudiantes y profesionales de la educación en la Franja, epicentro de la escalada del conflicto palestino-israelí desde el 7 de octubre, tras la letal incursión de Hamas.
Al respecto, advirtió que más de 625 mil alumnos y 22 mil 500 maestros se encuentran actualmente en una situación de extrema vulnerabilidad en ese territorio palestino, uno de los más densamente poblados del mundo.
Datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) muestran que al menos 200 escuelas han sufrido daños, alrededor del 40 por ciento de todas las de Gaza, de ellas unas 40 con afectaciones muy severas.
Instamos a la protección de los establecimientos educativos, que a menudo sirven de refugio a la población, y recordamos que atacarlos o utilizarlos con fines militares constituyen una violación del Derecho Internacional, subrayó.
De acuerdo con la Unesco, entre las numerosas víctimas civiles en Gaza, donde se reportan más de siete mil muertos, figuran 38 empleados de la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina en Oriente Próximo (Unrwa).
Esa entidad es el principal agente de la educación en la Franja de Gaza y la mayoría de estos trabajadores fallecidos eran profesores y educadores. La Unesco y su personal se unen al duelo de sus familiares, seres queridos y colegas, señaló.
La Unrwa es responsable de 183 escuelas en Gaza, que acogieron a casi 300 mil alumnos al comienzo del pasado curso escolar.
En ese sentido, la organización precisó que muchos de estos centros educativos se han convertido ahora en refugios para la población, donde los empleados de la agencia de la ONU apoyan a los estudiantes y a las personas afectadas en general por el desastre.
La Unesco recordó en su llamado la resolución 2601 adoptada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2021, la cual «condena enérgicamente los ataques y las amenazas de ataques contra las escuelas y la población civil relacionada con las escuelas, incluidos los niños y los maestros”.
El texto insta a todas las partes en los conflictos armados a poner inmediato fin a esas acciones, condena el uso de escuelas con fines militares y “reconoce que ese uso por parte de fuerzas y grupos armados puede convertir a las escuelas en blancos legítimos de ataques, poniendo en peligro la seguridad de los niños y el personal docente, así como la educación de los niños».
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