Oscar Pérez, presidente/director de Fundación Comunicándonos, a un año desde la captura de dos exaltos militares señalados como responsables de la emboscada y asesinato de cuatro periodistas holandeses en 1982 llamó a que no se dilate más el proceso y que se haga justicia.
“Que la justicia salvadoreña haga lo que tiene que hacer y que no se siga dilatando el proceso judicial, pues eso solo ayuda a alimentar el estado de impunidad que reina en El Salvador, pues solo favorece a los victimarios”, dijo.
A más de un año de la resolución de la jueza de Primera Instancia de Dulce Nombre de María, Chalatenango, que dictó la detención provisional en contra del exdirector de la Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán y el exministro de la Defensa Nacional, general José Guillermo García, aun se mantiene estancada la causa.
La orden fue girada también contra el excomandante de la 4ª Brigada de Infantería, con sede en El Paraíso, Chalatenango, coronel Mario Adalberto Reyes Mena, quien vive en Estados Unidos.
Este individuo figura en la lista de notificaciones rojas de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y posee una solicitud de extradición, según el informe publicado en Voces.
El dictamen de la jueza además incluyó al general Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor General de la Fuerza Armada, y al sargento Mario Canizales, quien dirigía la patrulla de 25 efectivos del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata (BIRI) Atonal que perpetró la emboscada y masacre de los periodistas, aunque ambos ya fallecieron.
Expertos locales señalan que el caso de los periodista holandeses Koos Koster, Jan Kuiper, Hans ter Laag y Joop Willemsen que integraban el equipo de Ikon TV es una muestra de la impunidad reinante en el país que no castiga a los represores y asesinos de la época.
En opinión de Oscar Pérez es importante que este caso avance para que las familias de los periodistas y el pueblo de los Países Bajos obtengan la verdad y justicia y puedan así cerrar sus heridas.
Asimismo también ayudaría a romper el estado de impunidad que reina en El Salvador sobre todos los crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el conflicto armado y avanzar hacia un proceso de justicia transicional.
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