Es imprescindible que las autoridades judiciales ecuatorianas correspondientes ratifiquen el estado de inocencia de Bini en la instancia de apelación, afirmaron en un comunicado más de 15 organizaciones, entre ellas el Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ».
Según declararon, el hecho de mantener activas las medidas cautelares en su contra y evitar que pueda cumplirlas, tal y como ha hecho la Fiscalía General, constituye una nueva vulneración a sus derechos elementales y pone en alerta a la sociedad civil sobre la legalidad y legitimidad de un proceso ampliamente cuestionado.
La Misión de Observación del caso Ola Bini aseguró que “seguirá monitoreando el procedimiento con miras a asegurar el cumplimiento de las garantías de debido proceso”.
Bini fue detenido en abril de 2019 en el aeropuerto de Quito y desde ese momento enfrentó un proceso plagado de irregularidades hasta que el 31 de enero de este año un tribunal lo declaró inocente, sin embargo, persisten los “atropellamientos”, indicó su equipo legal.
El entonces presidente Lenín Moreno y su ministra de Gobierno María Paula Romo impulsaron el proceso tras acusarlo de ser parte de un plan desestabilizador vinculado con Julian Assange, fundador de WikiLeaks, a quien por esa fecha Ecuador le retiró el asilo en su embajada en Londres.
La acusación inicial contra el ciudadano sueco, radicado en este país sudamericano desde 2013, se basó en un supuesto ataque a la integridad de los servicios informáticos del Estado, específicamente en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT)
Luego, ese delito cambió y pasó a ser acusado de “acceso no consentido a un sistema”, por lo cual el programador estuvo preso 70 días en una cárcel capitalina, de la cual salió tras la aprobación del habeas corpus presentado por su defensa. oda/avr
