Por Ivette Fernández
De la redacción de Norteamérica de Prensa Latina
La vulnerabilidad de las naciones insulares para hacer frente a desastres cada vez más destructivos, el peso de una deuda perpetua y un acceso deficiente a fuentes de capital, sitúa a los pequeños territorios caribeños en desventaja.
Tal situación la ha reconocido el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, quien aseguró que los Estados Insulares en Desarrollo tienen una capacidad económica limitada que restringe su participación en los mercados globales y las hace dependientes de las importaciones.
Ante esa realidad, consideró que la Asistencia Oficial al Desarrollo debería incluir criterios de vulnerabilidad y no sólo asignarse sobre la base del Producto Interno Bruto.
“Ha llegado el momento de que la comunidad internacional piense cómo enfrentar el creciente problema del endeudamiento de los países de renta media. Esto frena su avance hacia el desarrollo sostenible y los hace más vulnerables a choques externos”, enfatizó.
OPORTUNA ALTERNATIVA
Ante la necesidad de reformar un sistema instaurado a mediados de la década del 40 del pasado siglo, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, planteó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP27, del pasado año, una propuesta a la que denominó de la misma forma que la capital de su nación.
La Iniciativa Bridgetown deviene plan de acción para reformar la gobernanza financiera global para que el mundo, sobre todo los países menos industrializados, puedan responder mejor a las crisis actuales y futuras.
Sus postulados exigen cambios y mecanismos que proporcionen financiación inclusiva y resiliente para abordar la crisis climática, y para dar respuesta a los retos que suponen la concreción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En primer lugar, reclama cambios en la forma en que se presta dinero y se reembolsa en un país golpeado por una catástrofe, con el objetivo de evitar que las naciones caigan en una espiral de crisis de deuda.
Un ejemplo sería permitir una pausa en los pagos de la deuda para que la nación tenga más dinero disponible para gastar en ayuda inmediata y reconstrucción.
Otro acápite contempla la solicitud a las grandes instituciones financieras del mundo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), la movilización de un billón de dólares adicional para los Estados en desarrollo.
El tercero de sus puntos pide que se cambien los mecanismos para financiar la mitigación del cambio climático y la reconstrucción tras un desastre.
Dicho fondo, según estimaciones, podría movilizar hasta cinco billones de dólares del sector privado y hasta 500 mil millones de dólares en una moneda especial de emergencia llamada Derechos Especiales de Giro (DEG).
En cuarto lugar, exige una ampliación de la elegibilidad para otorgar préstamos por debajo de las tasas de mercado para los países vulnerables a la variabilidad del clima.
De tal manera que los países más expuestos a los efectos nocivos de los fenómenos naturales podrían acceder a mejores acuerdos crediticios para invertir en medidas que les ayudarían a adoptar medidas para adecuarse al calentamiento global.
Por último, exige la instauración de un nuevo fondo para pérdidas y daños que pueda estar disponible cuando se produzcan grandes desastres climáticos.
REFORMAS NECESARIAS
Los beneficios previstos en la Iniciativa Bridgetown fueron ponderados durante la Cuadragésima quinta Reunión de la Conferencia de Jefes de Estado o de Gobierno de la Comunidad del Caribe, celebrada en julio pasado en Trinidad y Tobago.
Allí, el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, señaló que la arquitectura financiera internacional está sesgada, y alabó la alternativa, que busca implementar un orden que ayude a proporcionar capital en forma de concesiones y subvenciones a los países en desarrollo más vulnerables al calentamiento global.
En esa misma cita, muchos de los dignatarios asistentes coincidieron en que los países insulares han resultado dañados por los estragos de una gobernanza global diseñada para debilitarlos.
“Además de haber sido excluidos de muchos de los mercados a través de restricciones para las industrias del azúcar y el banano, los países son escoltados fuera del sistema financiero mundial a través de la eliminación de riesgos y la pérdida de la banca corresponsal, y que se les alienta a abandonar sus recursos de hidrocarburos, mientras otros expanden esa misma industria”, refirió el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley.
Las solicitudes para modificar el orden actual no se circunscribió, sin embargo, únicamente a la cita celebrada en Puerto España.
Desde La Habana, durante la Cumbre del G77 y China celebrada a mediados de septiembre pasado, se renovaron esas solicitudes que volvieron a ser presentadas en Nueva York, Estados Unidos, en la Asamblea General 78 de las Naciones Unidas.
En ese último foro, la ministra de Asuntos Exteriores y Comercio Exterior de Jamaica, Kamina Johnson Smith, llamó a acometer reformas para mejorar el acceso a los fondos monetarios de los países en desarrollo.
La funcionaria abogó a favor de facilitar las oportunidades de préstamos en condiciones favorables para los pequeños estados insulares altamente endeudados.
“La aplicación de un Índice de Vulnerabilidad Multidimensional es algo que necesitamos con urgencia para hacer frente a la cuestión lamentable de la graduación de este grupo únicamente por los ingresos pér capita”, planteó.
Por su parte, el presidente de Surinam, Chandrikapersad Santokhi, solicitó renovar la arquitectura financiera internacional para que los países en desarrollo puedan dar solución a sus problemáticas.
Destacó que para los estados menos industrializados con zonas ribereñas de baja altura las presiones fiscales representan un riesgo mayúsculo, y enfatizó cómo el alto servicio de la deuda genera efectos importantes sobre las sociedades.
El presidente de Dominica, Charles Savarin, en nombre de la Comunidad del Caribe (Caricom), pidió una acción urgente para modificar el «estatus quo» con el objetivo de garantizar un entorno propicio para que los países en desarrollo participen activamente y se beneficien de la economía mundial.
Destacó la necesidad de ayudar a las naciones más atrasadas a través de préstamos a largo plazo con intereses más bajos y con el alivio de la deuda.
Asimismo, mencionó que los impactos de la pandemia de Covid-19, exacerbados por el cambio climático, exigen un liderazgo aún mayor en el nivel multilateral y un aumento en los compromisos de los gobiernos y otras partes interesadas en asumir la implementación de las metas propuestas para ascender al siguiente nivel.
“Creemos firmemente que un mayor compromiso, solidaridad y acciones transformadoras se necesitan para lograr dichos objetivos dentro de un plazo realista”, aseveró.
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