“No compartimos la decisión de estos juzgados, hemos tomado las acciones pertinentes como Gobierno en el ámbito de la Justicia”, afirmó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, entrevistada por el canal estatal Bolivia Tv.
Añadió que ahora este diferendo se encuentra en tribunales, lo cual no significa que ahí esté absolutamente definido lo que ha sucedido, aclaró, y añadió que el Gobierno continuará tomando las acciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto de Sentencia Penal de El Alto y el Tribunal de Sentencia Primero de Sacaba se declararon incompetentes en diferentes audiencias para juzgar por la vía penal a Áñez por las masacres de Senkata y Sacaba, respectivamente, en noviembre de 2019.
El 23 de octubre último, el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, presentó la imputación contra la expresidenta de facto, exfuncionarios gubernamentales, altos mandos policiales y militares involucrados en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019, y solicitó una condena de 30 años.
Afirmó que su informe se basa en 450 pruebas documentales, 25 dictámenes periciales, 11 informes técnicos de investigación y la recepción de 126 entrevistas a miembros de las Fuerzas Armadas, 30 a efectivos policiales, 50 a víctimas y ocho a funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia.
En enero del año en curso, tras la decisión judicial de juzgar por la vía ordinaria a la expresidenta de facto, su abogado defensor, Luis Guillén, presentó una apelación contra ese dictamen, que fue rechazada.
En noviembre de 2019 se registraron esas acciones represivas de fuerzas militares y policiales con cerca de 40 muertos y cientos de heridos por armas de fuego.
Sin embargo, el juez determinó que la exsenadora encare un proceso ordinario, que solo requiere de una acusación de la Fiscalía para proceder al juzgamiento en un tribunal de sentencia.
El Ministerio Público, por su parte, amplió la imputación contra Áñez por la firma del Decreto Supremo 4078 (conocido como de la Muerte), que eximió de responsabilidad penal a militares y policías por la violencia aplicada en la represión contra quienes reclamaban restablecer el orden constitucional tras el golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019.
Debido a estos hechos, la exmandataria ahora es acusada por los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados por los artículos 138, 251 y 271 del Código Penal Boliviano con una pena máxima de 30 años.
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