La parlamentaria electa Marcela Holguín, de la Revolución Ciudadana (RC), confirmó que hay un «acuerdo consolidado» con el Partido Social Cristiano (PSC) y el movimiento de gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN).
Según ese pacto, del cual habló este lunes al llegar a la ceremonia de entrega de la habilitación para el cargo, el miembro del PSC Henry Kronfle se quedaría con la presidencia de la Asamblea y dos legisladores de la RC asegurarían un puesto en el Consejo de Administración Legislativa. Por la RC también lo confirmó Pierina Correa, quien estará al frente de la primera sesión y declaró a la prensa que su organización busca también la jefatura de algunas comisiones, como las de Fiscalización, Justicia, Régimen Económico y Desarrollo Económico, aunque eso todavía está en negociación.
La coordinadora de la bancada oficialista, Valentina Centeno, ratificó el acuerdo con el movimiento afín al expresidente Rafael Correa y con el PSC, aunque señaló que no apoyarán un eventual juicio a la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Por su parte, Henry Kronfle, quien según todo indica ocupará la presidencia del Legislativo, fue más cauteloso y, si bien reconoció la existencia de conversaciones con otras agrupaciones políticas, según él, las autoridades no son lo más importante en este momento.
Debemos preocuparnos por saber cuál será la agenda en materia de seguridad, salud, educación, generación de empleo y en temas energéticos y la reducción de la producción petrolera, afirmó Kronfle.
Las negociaciones tienen lugar mientras se preparan para asumir sus cargos el próximo viernes, día en que también definirán a las autoridades de ese poder del Estado.
La RC cuenta con 51 asambleístas, el PSC con 14 curules y ADN con 12, un total suficiente para conseguir mayoría.
Desde el pasado 17 de mayo, Ecuador no cuenta con un legislativo, pues el presidente Guillermo Lasso aplicó el mecanismo constitucional de muerte cruzada, con el cual anticipó su salida del cargo y disolvió la Asamblea cuando esta se encontraba a punto de votar un juicio político en su contra.
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