Durante varios días la UCA fue escenario de la conmemoración, incluso en un acto de recordación el 12 de noviembre, el rector Andreu Oliva, abogó por la liberación de los inocentes durante el régimen de excepción, al tiempo que pidió a las autoridades de seguridad que “actúen justamente”.
“Está muy bien que quieran garantizar la seguridad de su pueblo, ese es su deber, pero actúen justamente, respeten la ley y no se lleven presos a personas inocentes sin pruebas de que hayan cometido algún delito”, señaló Oliva durante una homilía en memoria de las víctimas del crimen del 16 de noviembre de 1989 cometido por la Fuerza Armada.
Mientras tanto un proceso penal está a las puertas con la realización de una audiencia preliminar en un juzgado de San Salvador dónde se decidirá si 11 personas acusadas de ser los responsables materiales de la masacre son enviados a juicio.
Los implicados son acusados de participar en las instalaciones de la UCA en el asesinato de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo, Amando López Quintana, Joaquín López y López, y las dos colaboradoras salvadoreñas.
La causa contra los presuntos asesinos plantea que fue el Alto mando de la Fuerza Armada quien mandó a asesinar al padre Ellacuria y cinco jesuitas más, por considerarlos “cabecillas” del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), durante la guerra civil salvadoreña.
El proceso incluye a nueve militares, además del expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y el exdiputado Rodolfo Parker, quien era abogado de algunos de los acusados.
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