La propuesta, que votarán a finales de noviembre después de los festivos por el Día de Acción de Gracias, fue interpuesta apenas 24 horas después de que el Comité de Ética publicara un demoledor informe sobre la investigación a Santos, quien recientemente sobrevivió a una moción similar.
En su reporte, el panel reveló que descubrió “conducta contraria a la ley sin ser penalizada” y que va más allá de las alegaciones criminales que siguen pendientes en contra del congresista de Nueva York. Además, anunció que remitiría las alegaciones al Departamento de Justicia.
Según el Comité, Santos “buscó explotar fraudulentamente cada aspecto de su candidatura a la Cámara de Representantes para su propio beneficio financiero”.
Santos, lleva en el Congreso desde enero, y, a diferencia de pronunciamientos anteriores en los que reiteraba su presunta inocencia y hablaba de ir a la reelección, tras la divulgación del informe cambió de postura y dijo que no buscará un nuevo mandato en los comicios de 2024.
No obstante, el polémico político ha mantenido una proyección desafiante y denunció la investigación, que catalogó de ser “un informe viciado”.
A Santos se le acusó el septiembre de 10 cargos, de ellos robar las identidades y la información financiera de los contribuyentes a su campaña y cargar sus tarjetas de crédito varias veces sin autorización.
También se alega que participó en un esquema que implicó informar falsamente a la Comisión Federal de Elecciones (FEC) que al menos 10 miembros de su familia hicieron contribuciones significativas a su campaña, aunque eso fue falso.
Los fiscales argumentaron que el plan lo llevó a cabo con intención de calificar para un programa del “comité nacional del partido” que brindaría apoyo financiero y logístico a su candidatura al Congreso.
El salpicado congresista aseguró en su momento que un caso como el suyo “tan sonado” era de esperarse que fuese políticamente conveniente y “no estoy tratando de decir que es una persecución política, pero sí diré que tiene beneficios políticos”.
En mayo Santos fue imputado por supuesto fraude, lavado de dinero, robo de fondos públicos y falso testimonio, con un total de 13 cargos de los que también se declaró inocente.
El representante, de Central Islip, fue elegido en los comicios de noviembre de 2022 por el condado neoyorquino de Suffolk (Long Island) y al parecer, de lo que se avecina, no se salvará.
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