En una entrevista que publicó este viernes el diario La Prensa Gráfica (LPG), el funcionario fue categórico en su análisis del tema y manifestó que “un informe que diga que en El Salvador existen más de 100 torturas es mentiroso y falso”.
Guzmán negó que el Estado viole derechos de los ciudadanos, al tiempo que tacha los informes de organizaciones sociales como políticos, puesto que, sostuvo, no cuentan con datos oficiales, algo que según grupos defensores de los derechos humanos se hace difícil desde el momento en que el acceso a información está congelado.
En sus declaraciones a LPG el abogado colombiano nombrado hace unos meses por el presidente Nayib Bukele para enfrentar esta tarea sostuvo que el Estado salvadoreño no vulneró ningún derecho durante el régimen y también asegura que no hay torturas, pese a las denuncias de organizaciones sociales.
Sostuvo, según LPG, que dichos informes no pueden ser validados porque no tienen información oficial, misma a la que el Gobierno puso bajo reserva, por lo que es imposible el acceso a ella.
Insistió Guzmán en que el Estado hace “lo imposible por garantizar los derechos de los ciudadanos”. “Hay informes como los de Cristosal que son informes políticos, que la base técnica no es una fiable. La fuente debería ser el Estado”, remarcó.
Durante sus declaraciones el también experto en ciberdelitos y que trabajó con anterioridad en la Defensoría del Pueblo de Colombia, se desligó de acciones que son responsabilidad de otras instancias gubernamentales.
Por ejemplo, señaló, la Procuraduría de Derechos Humanos es quien debe estar al frente de la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños porque es una obligación constitucional.
“Nosotros –dijo- hemos tratado de revisar internamente documentos presentados por algunas organizaciones sociales, hemos revisado, pero la verdad es que al no existir fuentes confiables, fuentes legales, técnicas de esos documentos, la verdad es que es imposible analizarlo.
También, planteó, que hay entidades que decretaron reservas de información y eso le compete al Instituto de Acceso a la Información, no a mí.
Con relación al trabajo del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir señaló que deben presentar casos concretos con lista de víctimas y cuáles son cada uno de los casos para poderles ayudar; de lo contrario, no tenemos nada que hacer en una reunión.
“No hay un salvadoreño al que no se le garanticen los derechos humanos, hay casos aislados y cada caso se verá independientemente”, subrayó.
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