El dirigente comunista e integrante de Izquierda Unida presentó los documentos la víspera al Fiscal a cargo de los Asuntos Palestinos en la CPI, con la expectativa -de acuerdo con la información compartida a Prensa Latina- de que sean juzgados por sus actos contra la población civil palestina el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y otras autoridades.
Según sus colaboradores, Pineda entregó un dossier de 30 páginas que recoge “crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones de los derechos humanos” perpetrados en territorio palestino, en particular en Gaza.
Israel lanzó en represalia por los ataques de Hamas del 7 de octubre bombardeos indiscriminados, un bloqueo total y operaciones terrestres contra el enclave costero, donde se reportan más de 14 mil víctimas fatales, entre ellas cinco mil niños, una destrucción casi total en la zona Norte, incluyendo de hospitales y escuelas, y una crisis humanitaria por los problemas para el acceso al agua, la electricidad y los alimentos.
La lista de los crímenes denunciados va desde el asesinato, el castigo colectivo, el uso de armas prohibidas y la destrucción de instalaciones civiles hasta la prohibición a la entrada de alimentos y medicinas y la muerte de periodistas y de trabajadores del sistema de las Naciones Unidas.
En su demanda, el eurodiputado solicitó a la CPI que tome medidas para sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del drama humano imperante en la Franja, que engrosa las décadas de violencia sufridas por el pueblo palestino.
La iniciativa impulsada por la Campaña Global por el Retorno a Palestina, de la cual Pineda es embajador, abre la puerta para iniciar un procedimiento formal contra las autoridades israelíes.
A propósito de la reunión en La Haya, el eurodiputado español manifestó sus expectativas por el proceso, aunque comentó que los receptores del expediente recordaron las dificultades para poder investigar la situación en Gaza, ante la negativa de Israel a permitir el acceso a la misma.
Aunque Israel no es parte de la CPI, la institución puede iniciar un procedimiento contra ciudadanos de países no miembros.
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