El funcionario aseguró que su oficina se encuentra inmersa en un plan integral para abordar este asunto mediante la introducción de un sistema de justicia eficiente que satisfaga las necesidades tanto de las víctimas como de los acusados.
De acuerdo con las declaraciones reproducidas por el portal del Gobierno sancristobaleño, refirió que una consideración clave es la propuesta de reducir el número de jurados en los juicios penales.
Este cambio, apuntó, tiene como objetivo agilizar el proceso de formación de ese órgano, haciéndolo más eficiente y rápido.
Wilkin señaló que el país también considera la introducción de juicios exclusivos para algunos jueces en determinados delitos, lo que, según dijo, ya se aplica con éxito en la vecina isla de Antigua y Barbuda.
“Cuando se involucra a un jurado, se agrega mucho tiempo y gastos adicionales al asunto. Así que hay algunos temas en los que creemos que hay suficientes estadísticas para demostrar que se hace justicia incluso si un juez escucha el caso solo”, argumentó.
Destacó asimismo que muchas de las leyes penales, que se establecieron en la época colonial, no abordan adecuadamente la variedad de delitos que podrían ocurrir actualmente en la nación.
A la luz de esto, expresó, la intención es revisar y actualizar estas regulaciones para alinearlas mejor con la dinámica de una sociedad moderna.
“Por ejemplo, nuestra Ley de Robo es una ley del siglo XIX, por lo que no se refiere a ciertos tipos de robo moderno que pueden ocurrir por medios digitales o de otro tipo”, explicó.
“Entonces, cuando tratas estos asuntos, tienes una tarea más fácil como fiscal, y el acusado también tiene una tarea más fácil en términos de saber de qué se le acusa realmente”, afirmó.
El fiscal planteó que su objetivo es simplificar estas reformas integrales del sistema de justicia penal, que también incluye la posible implementación de legislación sobre acuerdos de declaración de culpabilidad, para julio de 2024.
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