La marcha que tiene lugar en ocasión del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia a la Mujer, tiene como consigna aquí «Ni una menos: vivas nos queremos». Las participantes llevan los nombres de las víctimas de femicidio en esta nación sudamericana bordados en una tela o con sus rostros en carteles.
Nombres como los de la abogada María Belén Bernal, asesinada hace un año por su esposo en un cuartel de policía o de Letty Cando, una enfermera de la provincia de Loja que fue violada y cruelmente asesinada en Quito.
Durante la movilización, las mujeres recuerdan el alto número de femicidios que hay en el país andino y los otros tipos de violencia que sufren las mujeres. Mientras tanto, las integrantes del colectivo de mujeres sordas feministas interpretan consignas con lengua de señas.
Entre el 1 de enero y el 18 de noviembre de este año, en Ecuador han ocurrido 513 femicidios y otras muertes violentas femeninas, según datos de la Fiscalía General y el Consejo de la Judicatura.
La cifra supera con casi 100 casos al año anterior cuando ocurrieron 423 asesinatos. Por esa razón, los especialistas consideran al 2023 como el año más violento para las mujeres en Ecuador.
La presidenta de la Fundación Aldea, Geraldine Guerra, declaró recientemente a Prensa Latina que son necesarios presupuestos, no discursos, ni papeles firmados, sino acciones en territorios urbanos y rurales que permitan un sistema de protección integral para prevenir los femicidios, porque esos actos son consecuencia de una escalada de la violencia.
En el actual contexto de inseguridad en Ecuador, Guerra alertó que hay otros componentes de peligrosidad, como el uso de las mujeres como botines de guerra entre bandas delincuenciales, o sus cuerpos violados y mutilados o macheteados en las zanjas y calles para marcar territorios.
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